'Bienvenido el control', industriales respaldan combate a huachicoleo
El combate al huachicoleo y las recientes reformas federales para controlar el autoconsumo de hidrocarburos han generado debate en el país.
Sin embargo, desde la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) se asegura que los empresarios cumplen con la normatividad y no forman parte de estas prácticas ilegales.

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Pretende dar certeza jurídica a miles de productores en medio del 'combate al robo de hidrocarburos'José Enrique Ramos Rivera, vicepresidente nacional de delegaciones de Canacintra, durante su visita a Gómez Palacio, subrayó que las empresas afiliadas realizan sus trámites ante las autoridades correspondientes, cuentan con facturas, carta porte y trazabilidad en el transporte de combustibles.
“Los empresarios procuramos cumplir con la ley, con cada uno de nuestros permisos. El tema del huachicoleo es delicado, pero nosotros estamos fuera de ese segmento”, afirmó.
Respecto a la intervención de la Guardia Nacional y otras corporaciones en operativos de revisión, Ramos Rivera señaló que las estaciones de servicio y centros de distribución son auditados con frecuencia y han superado las inspecciones sin inconvenientes.
“Bienvenido el control. No tenemos problema. Cumplir con la normatividad es complejo y costoso, pero es la ley y hay que cumplirla”, puntualizó.

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El sector gasolinero urgió a indagar desde el origen hasta el destino final del hidrocarburo ilegal para frenar la competencia deslealEl dirigente reconoció que, aunque en ocasiones algún permiso puede vencerse, eso no significa que exista ilegalidad.
“Estamos muy lejos de eso. Nuestros afiliados han pasado auditorías sin problema. Lo importante es mantener la transparencia y la legalidad en cada operación”, agregó.
Canacintra afirmó que el sector productivo no está involucrado en el tráfico ilegal de hidrocarburos y que respalda las acciones de vigilancia siempre que se realicen con apego a la ley. Indicó que los empresarios cumplen y esperan que las políticas públicas no afecten a quienes trabajan dentro de la legalidad.