Colectivos señalan que el marco jurídico especializado y a favor de las mujeres 'no es un privilegio o ventaja arbitraria'

Organizaciones civiles, colectivas feministas así como defensoras de los derechos humanos y de la niñez manifestaron a través de un documento, que el marco jurídico especializado a favor de las mujeres, “no es un privilegio” ni una ventaja arbitraria. Además exigieron que los juzgadores resuelvan con estricto apego al debido proceso y sobre todo con independencia.

Colectivos como: Justicieras por Nuestras Infancias; Acompañantes Laguna; Activistas Feministas de La Laguna; Red de Mujeres de La Laguna, entre otras, publicaron un documento dirigido al Poder Judicial del Estado de Coahuila así como a los medios de comunicación y a la opinión pública, en donde puntualizaron una serie de logros pero también de exigencias en materia legal.

“Manifestamos que es imperativo recordarles a las autoridades jurisdiccionales que el marco jurídico especializado en favor de las mujeres no es un ‘privilegio’ ni una ventaja arbitraria; es una medida de nivelación histórica. Durante siglos, el derecho penal y civil fue redactado por y para hombres, confinando a las mujeres al ámbito privado sin protección ante la violencia familiar, considerada en aquel entonces un asunto privado.

Este marco normativo costó décadas de movilizaciones, litigios estratégicos, dolor y pérdida de vidas de miles de mujeres en México y el mundo. Surgió para responder a una realidad estructural y medible: la violencia de género es sistemática. Por consiguiente, la legislación internacional y nacional obliga al Estado mexicano a juzgar con perspectiva de género para equilibrar una balanza que históricamente ha estado inclinada en contra de las mujeres”.

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Por lo tanto, señalan que los tribunales no deben ser espacios de negociación política sino órganos de legalidad. “Por tanto, exigimos que cada persona juzgadora resuelva únicamente con estricto apego al debido proceso y no bajo directrices o promesas ajenas al litigio. La independencia judicial debe ser una garantía para la colectividad; la delicada tarea de impartir justicia jamás se debe someter a compromisos políticos o presiones mediáticas de grupos de interés”.

Además, señalaron que el acceso a la justicia para los sectores vulnerables es un mandato Constitucional, por lo tanto el uso de la Defensoría Pública por personas con evidente solvencia económica, desplaza a las personas de bajos recursos, sobre todo a mujeres y las infancias, haciendo más grande la brecha de la desigualdad y el acceso a la justicia.

“No estamos pidiendo un favor, sino la observancia de la ley en materia penal, civil y familiar en México y Coahuila. Recordamos a nuestro Poder Judicial que el marco de protección para las mujeres y las infancias responde a mandatos constitucionales e internacionales, orden normativo que el Poder Judicial de Coahuila está estrictamente obligado a aplicar.

De igual manera, las medidas de protección y las fiscalías especializadas no están sujetas a debate ni a desmantelamiento. Cualquier acto institucional que debilite estos mecanismos representa una violación al principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos, lo que compromete la responsabilidad del Estado. Estamos observando y, de ser necesario, estamos listas para constituirnos en órgano de contraloría ciudadana”.