Comité ciudadano exige transparencia y rigor técnico en concesión de planta tratadora de Gómez Palacio

El proceso para la concesión de la planta tratadora de aguas en Gómez Palacio requiere mayor transparencia y rigor técnico, advirtió Juan Carlos Parga Torres, presidente del Comité Regional por la Calidad y Cantidad de Agua en la Región Lagunera de Durango y Coahuila. Aunque afirmó que no están en contra del proyecto, reiteró que debe hacerse bien y con claridad.

En este sentido, dijo que buscarán una reunión con la Comisión del Agua en el Congreso de Durango para exigir que las decisiones se tomen con base en ciencia y técnica, y no bajo presiones políticas o intereses empresariales.

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Los recursos serán destinados a colectores, líneas de distribución y rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria

“Nos preocupa que el tema se haga de manera apresurada con empresas que no sean las adecuadas”, señaló.

El dirigente ciudadano expuso que las empresas de la zona industrial de Gómez Palacio son responsables de una fuerte contaminación, ya que no cuentan con plantas tratadoras ni realizan pretratamiento de sus aguas residuales. Esto ha provocado que descargas con grasas, sangre y otros residuos lleguen directamente al drenaje, generando un lago de aguas negras sobre el río Nazas, a la altura de Altozano. Aunque existen normas que regulan estas prácticas, denunció que no se aplican con firmeza.

“A un restaurante se le multa por el aceite de la comida, pero a las grandes empresas no se les sanciona. Faltan actos de autoridad”, subrayó.

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Herrerías Guerra dijo que era cierto que los contratos de servicios y apertura de créditos estaban relacionados, pero señaló que la disposición de los recursos de Banobras estaban condicionados

Otro punto crítico que mencionó es la situación financiera del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), que arrastra deudas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que limita su capacidad de inversión.

Según Parga Torres, esta condición obligaría a trasladar el peso de las obligaciones de pago a los usuarios cumplidos, si se concreta la concesión. Recordó además que ya existió una concesión en la planta norte que fracasó, dejando una demanda de 90 millones de pesos contra una empresa regiomontana.

“Fue más eficiente su operación con personal interno”, afirmó.

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El Comité cuestiona que el proyecto se haya desviado de su planteamiento inicial, que contemplaba una mezcla de recursos federales, estatales y municipales. Insistió en que lo urgente sigue siendo rehabilitar la red de colectores y emisores, así como ampliar las plantas existentes -no solo la norte y la oriente, sino también las del Campestre, Centenario y Parque La Esperanza- para tratar y reutilizar el agua en su misma zona de captación. En cuanto a los tiempos, advirtió que la medida no puede ejecutarse en menos de un año, pues se requieren al menos seis meses para contar con un proyecto ejecutivo validado por Conagua y nueve meses adicionales para construcción, equipamiento y pruebas preoperativas.

Parga Torres resumió los pasos que deberían guiar la política pública en identificar el problema, analizar alternativas de solución, evaluar la factibilidad técnica y financiera, y elaborar un proyecto ejecutivo validado por Conagua.