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En días recientes, el informe de Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha sido uno de los puntos más discutidos por su impacto a nivel nacional al coincidir en tiempo con el reporte oficial de que existen más de 130 mil personas desaparecidas.
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López Rabadán manifestó que hoy más de 130 mil personas están desaparecidas en MéxicoLos cuatro estados donde se tomaron casos paradigmáticos fueron Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. Aparte de señalarse la prevalencia en estos estados, pero también en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México.
En el caso de Coahuila fue durante los periodos de mayor inseguridad entre 2009 y 2016, donde la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) la misma que requirió la activación del procedimiento, halló desapariciones cometidas por actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado; patrones de desapariciones forzadas que detallan la colusión entre autoridades de los tres niveles, como las detenciones ilegales para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas.
Destacando también el uso, “en ocasiones”, de recursos públicos para la comisión de las desapariciones, incluyendo vehículos e instalaciones oficiales.
La FIDH documentó “prácticas sistemáticas” de desapariciones forzadas en Coahuila, siguiendo un patrón regular entre 2006 y 2016, es decir, durante los periodos de Humberto Moreira Valdez, Jorge Torres López y Rubén Moreira Valdez.
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Reiteró el compromiso de México hacia los colectivos y declaró que el gobierno no está en contra de la cooperación internacionalIdentificándose entre 2009 y 2012 que las fuerzas policiales de Coahuila secuestraron a las víctimas y luego las entregaron al cártel de los Zetas; y entre 2012 a 2016, las autoridades estatales llevaron a cabo directamente las desapariciones a través de sus fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM.
Al respecto, México como Estado Parte planteó que las desapariciones se dieron en periodos anteriores, asociados a violencia criminal, y ahora existen marcos legales, comisiones de búsqueda y programas de subsidio para mejorarlas.
Con el Artículo 34 de la Convención, el Comité busca que la Asamblea General adopte medidas que apoyen a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en México.
En contra del informe, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno han declarado que este no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019.
Mientras el ahora canciller Roberto Velasco declaró durante su comparecencia ante una Comisión del Senado previo a ser ratificado que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada, lo cual no es su facultad y también que se aplique el Artículo 34 como si México estuviera negando la cooperación internacional y cometiendo desapariciones forzadas de manera sistemática, algo rechazado por el gobierno.
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