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El Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna ordenó al Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informar cada 30 días sobre las resoluciones emitidas respecto a solicitudes de prórroga de concesiones de agua subterránea en el acuífero principal de la región. La medida busca verificar que dichas resoluciones no contravengan la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoció la condición crítica de disponibilidad nula en este acuífero.
El acuerdo judicial coloca bajo supervisión directa cada decisión de Conagua, obligando a que las prórrogas otorgadas cuenten con una motivación técnica específica e individualizada. Los quejosos han solicitado que la autoridad justifique, bajo su responsabilidad, que cada concesión no agrava la sobreexplotación ni compromete aún más el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano en la Comarca Lagunera.
La Región Lagunera enfrenta desde hace años una crisis hídrica marcada por la sobreexplotación de su acuífero principal. La condición de “disponibilidad nula” significa que el volumen de agua extraído supera la capacidad natural de recarga, lo que compromete tanto el consumo humano como las actividades productivas.
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En este contexto, la autorización de prórrogas sin una justificación técnica rigurosa equivale a profundizar el deterioro del recurso y a poner en riesgo la sustentabilidad de la región. La resolución judicial busca impedir que las decisiones administrativas se tomen al margen de la sentencia de la Suprema Corte y sin considerar la crisis socioambiental que enfrenta la población.
Luis Pedroza, representante legal de las organizaciones que obtuvieron la sentencia a favor de la SCJN, explicó que, el juzgado federal ha establecido que cada resolución de Conagua será revisada bajo escrutinio judicial, lo que representa un precedente importante en la defensa del derecho humano al agua. La medida obliga a la autoridad a transparentar sus decisiones y a rendir cuentas periódicamente, evitando que las prórrogas se conviertan en un mecanismo automático que perpetúe la sobreexplotación.
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La sentencia 543 de la SCJN, emitida en 2023, instruyó la adopción de medidas para garantizar la recuperación del acuíferoDe esta manera, se coloca un candado institucional que busca equilibrar la gestión administrativa con la protección de los derechos fundamentales de millones de habitantes de la Comarca Lagunera.
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