Estados tienen hasta junio para armonizar sus leyes con la reforma hídrica

Los Congresos de los estados tienen hasta el próximo 9 de junio para armonizar sus marcos legales con la nueva Ley General de Aguas. En este sentido, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó una guía que busca acompañar este proceso de transición normativa y responder a las inquietudes de la sociedad sobre los alcances de la reforma hídrica nacional.

El documento, publicado tras la entrada en vigor de la Ley General de Aguas el pasado 11 de diciembre, es una herramienta de consulta accesible para autoridades, académicos y ciudadanía en general. Su objetivo es facilitar la comprensión de los mecanismos legales que garantizan el derecho humano al agua, como el acceso, disposición y saneamiento para consumo personal y doméstico en condiciones suficientes, salubres y aceptables.

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Uno de los ejes centrales del documento es orientar a los congresos estatales en el proceso de armonización de sus marcos legales. El plazo para esta adecuación vence el próximo 9 de junio, de acuerdo con lo establecido en el artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Aguas, que otorgó 180 días para la transición normativa. Conagua aporta criterios técnicos que permitirán a las entidades federativas cumplir con este mandato, asegurando que el derecho al agua se proteja bajo estándares homogéneos de equidad y sustentabilidad en todo el país.

El documento aborda tres grandes apartados, que son los fundamentos constitucionales, con un análisis del artículo cuarto de la Constitución y su relación con tratados internacionales; las competencias concurrentes, que delimitan las facultades de federación, estados y municipios; y los criterios de sostenibilidad, que establecen directrices para garantizar el recurso hídrico a las generaciones presentes y futuras.

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Conagua reiteró su compromiso de acompañar a los congresos locales en este proceso de transición legislativa, ofreciendo asistencia técnica para que la adecuación de las leyes estatales se realice con apego a los principios de progresividad y no regresión. De esta manera, la institución busca que la reforma hídrica nacional se traduzca en un marco jurídico sólido, transparente y equitativo, capaz de responder a las inquietudes de la sociedad mexicana y de garantizar el acceso universal al agua.