Familiares y amigos de Diana de la Cerda Pérez se manifestaron frente al Centro de Justicia Penal de Torreón para exigir una sentencia.
Con pancartas y consignas de “¡Justicia para Diana!”, familiares y amigos de Diana de la Cerda Pérez se manifestaron este lunes al exterior del Centro de Justicia Penal de Torreón para exigir que avance el proceso judicial contra los dos hombres imputados por su homicidio, ocurrido en marzo de 2025.
Marta Pérez, madre de la víctima, expresó su inconformidad por los constantes diferimientos de las audiencias y la falta de una sentencia, situación que, aseguró, mantiene a la familia en la incertidumbre a más de un año y medio del crimen.
“Han sido las audiencias y no ha pasado nada, el caso no avanza. Difieren las audiencias, que no vino este, que faltó este y lo otro, y las difieren”, manifestó.
La madre de Diana dijo que uno de los principales temores de la familia es que alguno de los imputados obtenga su libertad o se le conceda la posibilidad de continuar el proceso bajo prisión domiciliaria. Por ello, pidió a las autoridades judiciales que el caso llegue a una resolución y se impongan las sanciones correspondientes.
“Nosotros no queremos dinero, queremos justicia, queremos que pague los años que tiene que pagar. La vida no tiene precio”, sostuvo Marta, quien afirmó que sus familiares rechazaron una propuesta económica porque ninguna cantidad podría reparar la pérdida de Diana.

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El brutal homicidio se registró la alrededor de las 12:50 horas de la madrugada del martesFamilia de Diana exige avances en el proceso judicial
Durante la manifestación, los asistentes señalaron que no comprenden qué impide que el procedimiento avance, pues consideran que desde las primeras etapas se reunieron elementos suficientes para esclarecer los hechos. También solicitaron información sobre las razones por las que aún no se dicta una sentencia.
Marta recordó a su hija como una mujer alegre, a quien le gustaba bailar y que trabajaba en un puesto de gorditas para contribuir al sustento de su hogar. Diana dejó cuatro hijos y dos nietos, además de hermanos, sobrinos y otros familiares que continúan enfrentando las consecuencias de su muerte.
Acompañada de sus hermanas, sobrinas, otros familiares y amigas de la víctima, la madre reiteró que su exigencia no tiene fines económicos, sino que busca evitar que el crimen quede impune.
“Que nos hagan justicia, que nos hagan caso, que nos volteen a ver. ¿Qué falta para que le den sentencia? Eso es lo que queremos saber”, expresó antes de sumarse a las consignas que se escucharon durante la protesta.
Por su parte, Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la Región Laguna I, informó que la investigación ministerial se encuentra concluida y que la representación social buscará una pena de hasta 35 años de prisión para los imputados. Asimismo, señaló que se reunió con los familiares de Diana para escuchar sus inquietudes respecto al proceso.

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Miguel Mery Ayup planteó revisar las sanciones a adolescentes por delitos graves en Coahuila, ante casos recientes de violencia juvenil¿Qué ocurrió con Diana de la Cerda Pérez en Torreón?
Diana de la Cerda Pérez, de 44 años, murió durante la madrugada del 4 de marzo de 2025, luego de ser atropellada y arrastrada por un taxi durante aproximadamente 12 cuadras en Torreón.
La mujer se encontraba con su esposo en las inmediaciones de la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando presuntamente se percató de que dos hombres sustraían la batería de su automóvil.
De acuerdo con los datos de la investigación expuestos durante las primeras audiencias, los señalados intentaron escapar a bordo de un taxi. Durante la huida, el conductor arrolló a Diana y continuó avanzando con ella debajo de la unidad hasta que el vehículo se detuvo en las inmediaciones del bulevar Diagonal Reforma y la avenida Juárez.
Los imputados fueron identificados como Juan Ernesto “N”, de 49 años, y José Roberto “N”, de 34, quienes fueron detenidos cuando presuntamente intentaban escapar a pie.
El 10 de marzo de 2025, ambos fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, con las agravantes señaladas de ventaja, brutal ferocidad, saña y por haberse cometido con motivo de robo. Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Torreón.
A más de un año y medio de los hechos, la familia mantiene su exigencia de que el proceso judicial concluya con una sentencia y se determinen las responsabilidades penales correspondientes.


