Familiares de personas desaparecidas, sin atención adecuada

Entre lo que comentó Erika, socióloga y antropóloga social, destaca el hecho de que al estar, por ejemplo, buscando indicios en un penal, se puede perder la noción del tiempo y olvidar alimentarse e hidratarse.

Esto último nos refiere a la adopción de hábitos nocivos para la salud que son independientes del tipo de búsqueda ejercida y más bien propios de ser víctimas “indirectas” de la desaparición; en un intento de evasión o como una manera de lidiar con el estrés, surge el consumo extremo de tabaco, de alcohol y de medicamentos para “mantenerse dormidas”.

Los problemas relacionados con el estrés son una constante.

En el caso de Martín y su familia, su esposa murió a causa de una embolia relacionada con altos niveles de azúcar, situación asociada con los elevados niveles de estrés. Martín tampoco está exento, tiene problemas de la presión y de la vista; a pesar de esto, confesó que no se ha atendido de manera adecuada.

“No, yo por decir no me atiendo. Yo digo que me siento bien. Sí, he estado yendo, pero nomás es cuestión de la presión.

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Además de lidiar con la desaparición, las personas que buscan a sus familiares se enfrentan a complicaciones de salud física y mental

Yo me siento bien, gracias a Dios, pero eso dice uno, bien entre comillas, pero por dentro se está uno acabando lentamente, pero así es este proceso. Mientras que no sepas, mientras que no haya noticias de tu hijo, pues no”.

A Lucy le diagnosticaron diabetes hace 3 años, mencionó que “le entró el azúcar por tanto impacto que tenemos”.

“No saben cuántos años hace que ya me había entrado y yo no me daba el tiempo de atenderme por estar en la búsqueda siempre. […] Me dijeron que ya era de por vida el tratamiento que conlleva para la enfermedad esta, entonces yo por mayor rapidez, porque siempre ando corriendo, nada más tomo algo naturista rápido”.

Atender sus enfermedades ha sido un obstáculo para Lucy y también para Silvia, pero más allá del estado de salud en concreto, la respuesta del Estado es un factor determinante para el digno acceso a tratamientos y consultas médicas.

Y EL GOBIERNO, ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO?

Lucy aseguró que el personal de un centro médico al que acudió en Torreón no fue comprensivo con su situación al darle su diagnóstico de diabetes.

“Sí me han regañado, pero precisamente porque no me he atendido como es, ¿no?, entonces fue mi mala experiencia que tuve con el médico, pues fue muy duro cuando me dijo de mi enfermedad y por eso ya no quise regresar. Sí es una irresponsabilidad de mi parte, pero pues ya no me quedaron ganas de regresar”.

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Silvia ha tenido experiencia con distintos centros de salud al buscar atender el problema en su rodilla. En el Instituto de Servicio Médico Sección 38, para trabajadores y trabajadoras de la educación, le respondieron que “no tienen material para operarme, ni maquinaria ni nada”, después, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) solicitó atención en el Seguro Social, en donde le dijeron “que ya estoy grande, que ya me quede en mi casa”, mientras que en el Hospital General le realizaron estudios médicos de tercera dimensión, los cuáles llevó a su consulta médica en un disco, como se los entregaron. El médico que la atendió le exigió que llevara los resultados en formato impreso.

“Cuando me contestó eso, a mí honestamente me dio mucho coraje y yo le dije, “Oiga, señor, esto no se puede imprimir.” Dice, “pues es tu problema, yo los quiero impresos”. Y entonces me salí y le dije a la Comisión Ejecutiva que gracias por la intención”.

Finalmente consiguió tratamiento por medio de infiltración con inyecciones, que lleva 7 meses esperando.

La protección de los derechos de la víctima de un delito están establecidos en el artículo 20, apartado C, de la Constitución, y entre ellos está contemplada la atención médica.

Según Ricardo Martínez Loyola, titular de la CEAV, la intención del Estado mexicano es otorgar herramientas para que las personas pudieran exigir y ejercer sus derechos, sin embargo, la desaparición de personas se presenta como “una problemática tan extraordinaria” para la que “los mecanismos o las instituciones ordinarias no van a resultar suficientes”.

Frente a esto surgieron las Comisiones de Víctimas y de Búsqueda, que para Ricardo son el resultado de lo que han alcanzado las “víctimas en su lucha por la justicia y la verdad”.

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Las CEAV se trabaja sobre 4 ejes: Asesoría Jurídica Estatal de Víctimas y Atención Inmediata, Registro Estatal de Víctimas, Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación y Políticas Públicas. En el caso del Fondo, las medidas de ayuda tienen que derivar del hecho victimizante, es decir, debe tener una relación directa con la desaparición; un familiar de una persona desaparecida no guarda esta relación y por lo tanto, a nivel federal no se contemplan medidas de ayuda para ellas, que serían “víctimas indirectas”.

En el caso de Coahuila, se cuenta con el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (Profade), que de acuerdo con el titular de la CEAV, sería el único Estado con un programa de este tipo.

Además, están implementando otra iniciativa llamada Primecavi o Programa para la Mejora de Calidad de Vida de las familiares de personas desaparecidas a través de la emisión de una credencial, con la que las personas pueden acudir a centros de salud estatales y acceder a los servicios sin la necesidad de tener una derechohabiencia ahí.

Silvia mencionó que compañeros han intentado acudir para recibir atención con la credencial y se han topado con que el personal médico de los hospitales desconoce de su existencia.

Esto coincide con las áreas por mejorar mencionadas por Ricardo.

“Tenemos que fortalecer que todos los servidores y servidoras públicas que trabajan en estos centros de salud, en estos hospitales, conozcan el programa a la perfección y puedan dar una priorización a la atención...

La falta de sensibilidad, a veces, del personal médico ante este tipo de tragedias que lo desconocen, pues es una realidad”.

En caso de que las personas no consigan atención en los servicios de salud federales, y tampoco en los estatales, el fondo del Profade entra como una herramienta para acudir a centros particulares.

Ricardo comentó que este fondo tiene un presupuesto autorizado de 5 millones de pesos.

El Centro de Convenciones de Torreón, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2026, tiene asignados 6 millones 771 mil pesos.

TODAVÍA NO ES SUFICIENTE

Mas allá de los obstáculos, el titular de la Comisión aseguró que su objetivo es el empoderamiento de las víctimas y el pleno ejercicio de sus derechos para poder trabajar hacia la restauración de sus proyectos de vida.

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Por otro lado, aunque reconoció que se están haciendo cosas, Erika Soto hizo énfasis en las deficiencias del servicio de las autoridades.

De manera similar, Elena recalcó que a pesar de reconocer que hay personal capacitado, la existencia de los colectivos es una muestra de que el Estado está fallando.

Silvia considera que el gobierno mexicano queda a deber mucho a las víctimas con respecto a la investigación, la atención y los proyectos de vida, tanto de la persona desaparecida como de las familias.