Iniciativa busca castigar el nepotismo indirecto y la captura del Estado
El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el propósito de sancionar el nepotismo indirecto y la llamada captura familiar del Estado, plantea sanciones que van desde la destitución e inhabilitación de hasta 20 años, además de multas económicas y la nulidad de actos administrativos influenciados por vínculos familiares.
“Hoy el verdadero poder ya no siempre despacha desde una oficina pública. Muchas veces despacha desde la sala de una casa, desde una mesa familiar o desde la oficina del hermano, del hijo, de la esposa o del amigo. Eso también es corrupción, y eso también debe castigarse”, advirtió.
La iniciativa incorpora por primera vez en la legislación mexicana conceptos como “captura familiar del Estado”, “nepotismo indirecto”, “gestión indebida” y “persona vinculada”. Torres Cofiño subrayó que el fenómeno dejó de ser aislado para convertirse en un patrón que erosiona la credibilidad institucional.
“Mientras unos firman, otros deciden. Mientras unos aparecen en el organigrama, otros operan desde las sombras. Esa simulación debe terminar”, sostuvo.
La exposición de motivos retoma casos ampliamente discutidos en el debate público nacional como la sucesión política en Guerrero con Evelyn Salgado y Félix Salgado Macedonio; la concentración de posiciones alrededor de la familia Alcalde Luján; los señalamientos hacia Alfonso Durazo y la familia Taddei; así como episodios atribuidos a familiares de Adán Augusto López, Lenia Batres, Andrés Manuel López Beltrán y Américo Villarreal Santiago.
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La propuesta de la Alianza y UDC busca prohibir la reelección inmediata a partir de 2030, vetar a agresores y deudores alimentarios.El legislador aclaró que la iniciativa no prejuzga responsabilidades individuales, sino que busca dotar al marco legal de herramientas para sancionar prácticas que hoy permanecen impunes.
“Morena prometió acabar con los privilegios, pero terminó reproduciendo las mismas prácticas que durante años criticó. La famosa transformación terminó convirtiéndose en una transferencia del poder… pero entre familias. Cambiaron los apellidos, no las mañas”, expresó.
El discurso de austeridad, dijo, contrasta con la realidad de influyentismo y redes familiares que concentran poder.
“Cuando el apellido vale más que la capacidad, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en sistema”, sentenció.
La propuesta obliga a transparentar las gestiones realizadas por personas vinculadas con servidores públicos, crea un registro de audiencias y establece la obligación de reportar cualquier intento de presión o intermediación indebida.
Con ello, se busca que la lucha contra la corrupción no se quede en campañas de propaganda, sino que se traduzca en mecanismos legales capaces de impedir que el gobierno se convierta en patrimonio de unas cuantas familias.
“En México debe gobernar el mérito, no el parentesco”, concluyó Torres Cofiño.
