'Inversión sí pero no así': Prodefensa del Nazas exige certeza jurídica y ambiental en el proyecto Fermachem

La historia reciente de la Comarca Lagunera se ha visto marcada por la llegada de grandes proyectos industriales que prometen inversión, empleo y desarrollo. Sin embargo, detrás de los discursos oficiales y las ceremonias de inauguración, persisten dudas que la sociedad organizada considera fundamentales. Tal es el caso del proyecto de fertilizantes nitrogenados que actualmente se ejecuta bajo la titularidad de Fermachem, S. de R.L. de C.V., y que ha sido objeto de un pronunciamiento preliminar de la asociación civil Prodefensa del Nazas.

El origen administrativo del proyecto se remonta a diciembre de 2019, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) identificada con el número 10DU2019I0025, a favor de Tara Nitrofertilizantes Mexicanos, S.A. de C.V. La resolución estableció un plazo de cinco años para la preparación del sitio y construcción, plazo que habría vencido en 2024. Hoy, el proyecto se desarrolla bajo otra razón social, lo que abre un abanico de interrogantes sobre la legalidad y vigencia de los permisos.

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Prodefensa del Nazas, con más de dos décadas de trayectoria en la defensa ambiental y comunitaria, ha planteado nueve puntos que considera indispensables para garantizar certeza jurídica y ambiental. El primero se refiere al cambio de titularidad de la autorización de impacto ambiental, pues se exige el oficio que avale la transferencia de Tara Nitrofertilizantes a Fermachem, así como la constancia del aviso de cambio de titularidad. El segundo cuestiona la vigencia de la autorización, dado que el plazo original habría concluido. El tercero solicita confirmar si se presentó y aprobó el Programa de Prevención de Accidentes, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El cuarto exige comprobar si la empresa cuenta con el seguro de riesgo ambiental obligatorio. El quinto pide subsanar la ausencia de descripción de zonas de protección y explicar por qué no se estableció una zona intermedia de salvaguarda. El sexto solicita acreditar el cambio de uso de suelo aprobado por el Cabildo de Lerdo y por la Semarnat, con el Estudio Técnico Justificativo correspondiente. El séptimo requiere confirmar si se designó al supervisor ambiental y si su experiencia cumple con los requisitos técnicos señalados. El octavo demanda información sobre los efectos de la exposición crónica al amoníaco y polvo de urea, así como estudios sobre impactos acumulativos y en grupos vulnerables. Finalmente, el noveno exige transparentar los convenios que garanticen el suministro de agua residual tratada y descartar la perforación de pozos.

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La ONG lagunera afirma que el fin del proceso formal de la planta no exime al Estado de la obligación de escuchar las dudas sobre el impacto ecológico.

La asociación resume su postura en la frase “Inversión sí, pero no así”. Reconoce que la inversión es necesaria para el desarrollo económico y social, pero advierte que debe estar sujeta al cumplimiento estricto de la normatividad. De lo contrario, cualquier proyecto queda expuesto a su revocación judicial y a la pérdida de confianza ciudadana.

Prodefensa del Nazas exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a abrir un proceso participativo e incluyente, con convocatoria pública y plazo definido, en el que se presenten y expliquen los documentos y estudios exigidos, y en el que las comunidades aledañas puedan expresar sus preocupaciones. Solo bajo el apego al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos, afirma la organización, será posible alcanzar un desarrollo sustentable que garantice tanto un medio ambiente sano como la solidez de la inversión nacional y extranjera.

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Con una inversión de 1,600 millones de dólares, la planta producirá urea a base de agua gris y construirá un acueducto.