Llaman a Estado a prevenir violencia por jóvenes en foro de Cámara de Diputados

Este martes, diversos expertos participaron en el Foro Nacional Reformas y Retos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes entre ellos Estefanía Campos García, presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco A.C., quien declaró que en 2024 se tuvieron 35 mil 193 adolescentes imputados, 55 por ciento más que en el 2021. 

Campos García declaró que se debe tener un programa de atención y seguimiento para cada joven, proponiendo que aquellos de 16 y 17 años de edad, donde exista una medida de internamiento.

"Como padres y madres tenemos una responsabilidad conforme el ejercicio de nuestra patria protestad, tenemos un deber de intervención, de cuidado, de protección, de formación y educación, es por eso que planteamos una presunta responsabilidad civil para la reparación integral del daño".

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Habrían sido víctimas de presunto reclutamiento forzado

No vinculando a los padres a una sanción penal, únicamente intentando reparar a las víctimas. 

La presidenta de la Barra planteó que en Baja California si se contempla la responsabilidad del daño para los padres, pero a nivel nacional es una cuestión contraria, siendo los adolescentes los que tienen que responder "Exclusivamente con el fruto de su esfuerzo, trabajo o patrimonio".

El académico Miguel Ontiveros Alonso, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, declaró que México está violando los estándares internacionales ya que el sistema para adolescentes no es desde los 12-13 años, sino desde los 14 y 15 años, llamando así a subir la edad penal. 

"Nuestro sistema violenta, privar de la libertad es violentar es hacerlo víctima 2-3 veces porque muchas de las niñas y niños que ahora tenemos en el sistema fueron victimizados, reclutados por el crimen organizado y el no organizado, por cierto impune".

La experta Alicia Beatriz Azzolini Bincaz del Instituto Nacional de Ciencias Penales planteó que la ley ha impulsado las salidas restaurativas, con un mayor énfasis en tratar de evitar las penas privativas de la libertad.

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"La privación de la libertad implica sacarlo de su ámbito y espacio, claro donde podrá estar mejor o peor, pero después tiene que volver a vivir en sociedad y esa reinserción no es fácil... es orillarlo a vivir ya en un camino relacionado con la licitud, el ámbito de las personas que han sido privadas de la libertad porque hay una carga retributiva y estigmatización". 

Yuliana Ivette Campos López, fundadora y directora general de Fundación Corazón Naranja A.C., cuestionó cómo debe juzgarse a un adolescente que comete un delito grave, "Nuestra respuesta es clara, con justicia, responsabilidad, firmeza frente al delito y respeto a los derechos de los adolescentes porque reconocer los derechos de un adolescente no significa justificar el delito y exigir responsabilidad por un delito grave tampoco significa renunciar a la obligación del Estado a prevenir que la violencia vuelva a ocurrir". 

Campos López manifestó que la prevención debe comenzar mucho antes de que un adolescente llegue ante un juez, "Tenemos que preguntarnos qué estaba ocurriendo en su familia, qué estaba pasando en la escuela, qué sucediendo en su comunidad, había violencia familiar, abandono, problemas de consumo de sustancias, violencia de género, existía explotación o reclutamiento, había abandonado la escolaridad, se había normalizado la violencia".

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La experta sostuvo que debe cuestionarse las condiciones antes de juzgar a un adolescente y señaló que sólo se interviene cuando ya se cometió el delito "Muchas veces estamos llegando tarde".

"Un adolescente que comete un delito grave debe enfrentar las consecuencias de sus actos, pero una sociedad verdaderamente responsable también debe preguntarse, '¿Qué hicimos antes para evitar que ese delito ocurriera y después qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir?', Porque la justicia no debe mirar únicamente al pasado, también hacia el futuro".