Marcelo Torres Cofiño advierte dudas por financiamiento de la reforma catastral
La reforma a la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral ha generado confusión e incertidumbre entre la ciudadanía y el sector empresarial, ante las dudas sobre sus alcances, los recursos necesarios para su implementación y las posibles repercusiones económicas para los propietarios de inmuebles.
El diputado federal Marcelo Torres Cofiño advirtió que, aunque la legislación no establece un incremento automático del impuesto predial ni contempla tablas o tabuladores para determinar nuevos cobros, su aplicación podría abrir la puerta a ajustes en los valores catastrales que, en la práctica, terminen impactando el bolsillo de los contribuyentes.
El legislador explicó que uno de los principales problemas de la reforma es la falta de presupuesto para modernizar los sistemas catastrales de los aproximadamente 2 mil 500 municipios del país, así como para garantizar que la información de los inmuebles pueda integrarse e interconectarse de manera eficiente.
Torres Cofiño señaló que la responsabilidad de realizar estas adecuaciones recaerá principalmente en los gobiernos municipales, sin que exista, según sus declaraciones, una garantía de recursos suficientes para cumplir con los nuevos requerimientos.
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'No pedimos privilegios. Pedimos verdad, justicia, dignidad'Esta situación, sostuvo, representa un desafío especialmente para las localidades pequeñas, que no cuentan con la misma capacidad financiera y tecnológica que ciudades como Guadalajara, Zapopan, Monterrey o San Pedro.
A su juicio, la falta de financiamiento podría terminar trasladando los costos de modernización a los ciudadanos, ya sea mediante ajustes fiscales u otras medidas que los gobiernos locales consideren necesarias para cubrir sus necesidades presupuestarias.
Qué busca la reforma catastral
La reforma busca unificar y actualizar la información de los bienes inmuebles en México, desde pequeñas propiedades y viviendas hasta terrenos ejidales, mediante una mayor coordinación entre los catastros y los registros públicos de la propiedad.
El objetivo es facilitar la identificación de las características y el valor de cada inmueble, además de corregir inconsistencias acumuladas con el paso del tiempo.
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Es una estrategia ambiental y de participación ciudadana implementada por el gobierno municipal de Torreón para combatir el abandono ilegal de desechosEl diputado reconoció que existen casos en los que las dimensiones registradas en las escrituras no coinciden con las condiciones reales de las propiedades, debido a ampliaciones, modificaciones o errores históricos. En ese sentido, consideró razonable que los valores se revisen para procurar una contribución más justa.
El riesgo, según el legislador
Sin embargo, advirtió que el riesgo aparece cuando la actualización catastral eleva el valor de una propiedad sin que sus dueños hayan experimentado un incremento equivalente en sus ingresos.
Como ejemplo, mencionó un inmueble cuyo valor pase de 800 mil a un millón de pesos, situación que podría traducirse en un mayor pago del predial si el municipio ajusta el impuesto con base en esa nueva valoración.
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El trabajo conjunto con el Implan permite incorporar información técnica y una visión general del municipioTorres Cofiño insistió en que estos aumentos no están establecidos automáticamente en la ley, pues las decisiones fiscales corresponden a cada estado y municipio. No obstante, consideró que la disponibilidad de información más precisa podría facilitar que las autoridades locales revisen sus cobros.
Implementación y financiamiento, entre las principales dudas
Otro punto de preocupación es el calendario de implementación. El legislador cuestionó cómo se financiarán y pondrán en marcha los nuevos sistemas en el plazo previsto, ante la falta de recursos y de reglas suficientemente claras, según señaló.
El diputado señaló que existen tres mecanismos principales para modificar el impuesto predial: la actualización de los valores catastrales, los cambios en las tasas o tarifas y la revaluación de los inmuebles.
Explicó que el predial es un impuesto municipal cuyo monto se calcula con base en el valor catastral de las propiedades, mientras que las tarifas son establecidas por los municipios y, en algunos casos, por los estados.
Detalló que los valores catastrales pueden actualizarse conforme a los criterios de cada municipio, mientras que las tasas y tarifas pueden ajustarse considerando factores como la inflación.
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Áreas municipales mantienen coordinación para canalizar los reportes y dar seguimiento a las necesidades de la poblaciónAsimismo, la revaluación contempla modificaciones en los inmuebles, como la construcción de habitaciones adicionales, ampliaciones, nuevos pisos o instalaciones como albercas.
Torres Cofiño indicó que estos ajustes suelen entrar en vigor a partir de enero y subrayó la importancia de considerar los recursos necesarios para su implementación.
Añadió que los municipios y los estados no recibieron presupuesto para este propósito, por lo que, en caso de aplicar las actualizaciones, será necesario distribuir los costos de inversión mediante los incrementos correspondientes.
Finalmente, advirtió que el debate no se limita a la modernización tecnológica, sino también al alcance del control y la concentración de la información patrimonial por parte del gobierno.
Mientras persisten las dudas sobre los mecanismos de aplicación y su financiamiento, la principal preocupación ciudadana es que una reforma presentada como una herramienta de actualización administrativa termine generando mayores cargas económicas para los propietarios de inmuebles.
