Familiares de personas desaparecidas integran colectivos de búsqueda en México, donde enfrentan amenazas y agresiones mientras exigen localizar a sus seres queridos.
México supera las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, mientras los colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos pasaron de entre 60 y 70 agrupaciones estimadas en 2019 a más de 234 documentadas por Amnistía Internacional (AI).
El crecimiento de estas organizaciones ocurre en medio de una crisis que ha obligado principalmente a mujeres a asumir tareas de búsqueda e investigación ante las omisiones de las autoridades. En ese proceso, las familias también enfrentan amenazas, agresiones, desplazamiento forzado e incluso asesinatos.
“El aumento de los colectivos de búsqueda de las personas desaparecidas va en relación directamente proporcional al aumento de las desapariciones en México. Esta es una crisis humanitaria, como lo señaló la ONU, que lamentablemente no se mencionó en el informe de la Presidenta”, afirmó Luis de la Barreda Solórzano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Desapariciones en México: más de 135 mil personas sin localizar
El informe Red Lupa 2026, elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), registró 134 mil 257 personas desaparecidas y no localizadas al 16 de mayo. Un mes después, la cifra ascendió a 135 mil 48, es decir, 791 registros adicionales.
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Además de lidiar con la desaparición, las personas que buscan a sus familiares se enfrentan a complicaciones de salud física y mentalDe acuerdo con el documento, casi seis de cada 10 personas desaparecidas y no localizadas fueron reportadas entre 2018 y mayo de 2026. Este periodo concentra el 58.13 por ciento de los registros nacionales.
El año con más desapariciones fue 2024, con 12 mil 632 casos, seguido de 2025, cuando se reportaron 12 mil 373.
Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el número de personas desaparecidas y no localizadas aumentó en 28 entidades federativas. Campeche registró el mayor incremento porcentual, con 59 por ciento, seguido de Guanajuato, con 54 por ciento.
El Estado de México encabezó la lista nacional con 14 mil 648 personas desaparecidas y no localizadas. Le siguieron Tamaulipas, con 13 mil 787; Jalisco, con 12 mil 765; Michoacán, con 7 mil 782, y Nuevo León, con 7 mil 476.
Buscadoras enfrentan amenazas, agresiones y asesinatos
El informe Desaparecer otra vez, de Amnistía Internacional, documenta que entre febrero de 2011 y mayo de 2025 fueron asesinados al menos 30 familiares y personas allegadas a víctimas de desaparición, entre ellas 16 mujeres.
El año más violento para las buscadoras fue 2022, cuando se registraron seis asesinatos. Guanajuato encabezó los casos, con tres, mientras que Jalisco, Sinaloa y Sonora reportaron dos cada uno.
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Con la muerte de Tomasa Chairez, Grupo Vida visibiliza cómo la enfermedad y el paso del tiempo apagan la vida de padres y madres que buscan a sus hijosLa investigación también expone las agresiones que enfrentan quienes participan en estas labores. Entre las buscadoras consultadas, el 45 por ciento recibió amenazas; el 39 por ciento sufrió extorsiones; el 27 por ciento reportó ataques y otro 27 por ciento, desplazamiento forzado.
Además, el 10 por ciento señaló haber sufrido tortura y el 6 por ciento, secuestro.
Pese a estos riesgos, apenas el 17 por ciento acudió a las autoridades para denunciar las agresiones o solicitar atención. Entre los motivos señalados están la desconfianza institucional y el temor a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales.
Una de las mujeres entrevistadas relató la violencia que sufrió en su propio domicilio: “Mi casa fue balaceada, fueron 100 balazos, estaba con mis hijas, fue espantoso”.
Mujeres asumen las búsquedas ante omisiones de las autoridades
Amnistía Internacional señala que las familias, principalmente las mujeres, han tenido que hacerse cargo directamente de la búsqueda de sus seres queridos ante las omisiones y la falta de eficacia de las autoridades.
Madres, esposas, hermanas e hijas se organizan para recopilar información, localizar posibles indicios y exigir que las investigaciones avancen, aun cuando sus propias vidas y las de sus familias están en riesgo.
Las consecuencias también son económicas y de salud. El 66 por ciento de las participantes en el informe perdió recursos económicos tras la desaparición de sus familiares y las labores de búsqueda, mientras que el 79 por ciento reportó al menos un problema de salud.
A pesar de las dificultades, los colectivos han contribuido a impulsar leyes, políticas públicas e instituciones especializadas en búsqueda, identificación humana y atención a víctimas. Su participación los ha convertido en actores fundamentales para exigir respuestas ante la crisis de desapariciones.
Familias cuestionan nueva revisión del registro nacional
Este lunes, familiares de personas desaparecidas manifestaron su preocupación por la nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, anunciada por la Secretaría de Gobernación.
En una carta dirigida a ocho especialistas convocados para analizar el registro, cuestionaron su independencia y señalaron que no se ha transparentado la metodología utilizada para clasificar los casos.
“Nuestra experiencia previa con la revisión del Registro Nacional es que se trata a nuestros seres queridos como cifras que van y vienen, lo cual nos desgasta aún más”, denunciaron.
El viernes 16 de octubre, el Gobierno federal presentó ante Naciones Unidas los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, informó que más de 16 mil personas habían sido localizadas en 2026.
También destacó las reformas legales de 2025, que establecen la obligación de iniciar una investigación y comenzar la búsqueda inmediatamente después de recibir un reporte de desaparición.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó de la incorporación de 300 profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda.
ONU analizará la situación de las desapariciones en México
Este martes, Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, comparecerá ante la Tercera Comisión de la Asamblea General para abordar la decisión de recurrir por primera vez al artículo 34 de la Convención y llevar la situación de México a consideración de ese órgano internacional.
“Este procedimiento excepcional abre una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas”, sostuvo Albán.
En este contexto, De la Barreda Solórzano cuestionó que las autoridades mexicanas no hayan recibido a las madres buscadoras y que la magnitud de las desapariciones no ocupe un lugar central en el discurso oficial.
“Es verdaderamente lamentable que ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador ni la presidenta Claudia Sheinbaum se hayan tomado unos minutos para recibirlas.
El presidente López Obrador recibió a la líder de las abuelas de la Plaza de Mayo [de Argentina], ¿por qué no a las madres buscadoras mexicanas?”, planteó.
El investigador también puso en duda que la reducción reportada en los homicidios dolosos refleje por completo la violencia que enfrenta el país, al considerar que una parte de las personas desaparecidas podría haber sido asesinada.
“Cuando la presidenta Sheinbaum nos dice, muy orgullosa, que ha bajado la cantidad de homicidios dolosos, pues esto podemos ponerlo en duda, porque seguramente una buena parte de las personas desaparecidas han sido asesinadas”, afirmó.
De la Barreda añadió que las madres buscadoras realizan una labor que, a su juicio, corresponde al Gobierno y que las expone a riesgos graves. La expansión de los colectivos y las cifras de desapariciones mantienen en el centro de la discusión la capacidad de las instituciones para localizar a las víctimas, esclarecer los casos y garantizar la seguridad de quienes las buscan.
Con información de Agencias.
