'Monclova ya no resiste más retórica': diputado exige rescate real para AHMSA
El conflicto en torno a Altos Hornos de México sumó un nuevo episodio de incertidumbre e indignación luego de que se conocieran detalles de la reciente resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.
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Jueza ordena dar vista a la FGR por la actuación de un empresario en la subasta de AHMSA y abre 90 días para negociar con acreedoresEl diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, calificó como una burla que, pese al anuncio de una oferta de mil 400 millones de dólares para adquirir la empresa y su filial Minera del Norte, el interesado solo depositó 5 mil pesos como garantía de seriedad, cuando legalmente se requerían 56 millones de dólares.
Señalamientos por falta de seriedad
Para el legislador, este hecho no solo representa un revés financiero, sino también una falta de respeto hacia las miles de familias que dependen de la reactivación de la siderúrgica.
Torres Cofiño enfatizó que la propia autoridad judicial consideró esta conducta procesal como una violación al principio de buena fe y una falta de formalidad absoluta ante los compromisos asumidos en la subasta.
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Teo Kalionchiz cuestionó el avance de la oferta de CIESA por AHMSA y MINOSA y exigió al Gobierno Federal rendir cuentas sobre el procesoLa gravedad del caso escaló al terreno penal, ya que la jueza ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para investigar si los responsables incurrieron en el delito de falsedad de declaraciones u otras irregularidades durante el procedimiento.
Impacto en trabajadores y la región
La crisis de AHMSA no solo se mantiene en el ámbito legal, sino que también representa una tragedia social que afecta directamente a casi 14 mil trabajadores reconocidos en el concurso mercantil.
El monto de los créditos laborales reportados supera los 19 mil millones de pesos. Según el diputado, es inaceptable que se juegue con las expectativas de una región entera mediante ofertas millonarias sin sustento real, mientras cierran negocios locales y crece el endeudamiento de las familias en Monclova y la Región Centro de Coahuila.
Críticas al Gobierno federal
En este contexto, Torres Cofiño dirigió sus críticas a la administración federal y recordó que el rescate de la acerera ha sido una bandera política sin resultados concretos.
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La jueza determinó que el postor no presentó la garantía de seriedad durante la subasta y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República por un posible delito de falsedad de declaracionesMencionó que en 2023 el entonces presidente López Obrador aseguró que se rescataría la empresa a través de nuevos inversionistas, una promesa que fue retomada por Claudia Sheinbaum al ofrecer la recuperación de los empleos.
Sin embargo, el legislador cuestionó la ausencia de resultados tangibles y señaló que el tiempo pasa mientras las promesas permanecen en el discurso y la parálisis económica sigue afectando el bienestar de la zona.
Piden intervención de dependencias
Ante la falta de acciones efectivas por parte del Ejecutivo, el diputado informó sobre la presentación de un punto de acuerdo para exhortar a diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda.
El objetivo, explicó, es que estas instituciones dejen de ser espectadoras y fortalezcan la defensa de los derechos de los trabajadores, además de diseñar una estrategia de recuperación económica que incluya apoyos para las empresas proveedoras afectadas por la caída de AHMSA.
Plazo de 90 días para nuevas negociaciones
A pesar del panorama sombrío, la resolución judicial del 14 de octubre abre una pequeña ventana de oportunidad al autorizar negociaciones entre los acreedores garantizados para formar un consorcio que intente concretar la venta de la empresa como una unidad productiva.
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El dirigente sindical calificó como una falta de respeto y una falsa expectativa el incumplimiento de la empresa en la subasta de la siderúrgicaPara ello se otorgó un plazo de 90 días naturales. Asimismo, se ratificó que los trabajadores mantienen su prioridad absoluta en el pago de salarios y prestaciones, un derecho que Torres Cofiño insistió en que debe protegerse por encima de cualquier otro interés comercial.
Para el legislador, Monclova ya no resiste más retórica, pues mientras autoridades y supuestos inversionistas discuten cifras astronómicas que no se materializan, la realidad cotidiana de miles de personas es la lucha por la supervivencia básica en una región que sigue pagando el costo de una crisis que parece no tener fin.
