Ordenan a exmandos de Segalmex a pagar 261 millones de pesos
Un tribunal federal inhabilitó por 10 años y condenó a pagar una indemnización de 261 millones de pesos a René Gavira Segreste, ex titular de Administración y Finanzas de Segalmex, junto a otros dos ex funcionarios, por la compra injustificada de maíz y frijol con sobreprecios durante 2019.
En una sentencia notificada el pasado 10 de abril, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó que los implicados incurrieron en responsabilidad administrativa grave por abuso de funciones, al no acreditar la existencia de una emergencia por desabasto en las tiendas Diconsa.
La resolución de la Sala Auxiliar de Responsabilidades Administrativas Graves también señaló como responsables a Oliverio Pérez Santoyo, ex gerente de Operaciones, y a Miguel Carrillo Villarreal, ex director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos.
Según el fallo, los ex directivos autorizaron 17 contratos urgentes de maíz blanco y dos de frijol que sumaron 198.9 millones de pesos, además de 62.2 millones por servicios de transporte, ignorando el esquema de precios subsidiados del organismo -Precios de Garantía- para adquirir los granos a precios de mercado.
VER MÁS Dan revés a empresarios acusados por Segalmex
En su defensa, los ex funcionarios argumentaron que las compras emergentes fueron autorizadas por el entonces director general de Segalmex, Ignacio Ovalle, quien hasta la fecha no ha sido imputado por ninguna de las irregularidades en el organismo.
El fallo también evidenció el desorden en Segalmex, entidad creada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para arrancar compras de granos en enero de 2019, pero que no contó con un Estatuto Orgánico aclarando las funciones de sus directivos sino hasta marzo de 2021.
Este caso es independiente de los siete procesos penales que enfrenta Gavira hasta el momento, y tiene su origen en una denuncia presentada en septiembre de 2023 por el Órgano Interno de Control en Diconsa.
VER MÁS Detectan en Segalmex anomalías por 6 mil mdp
Aunque el tribunal ordenó la reparación del daño patrimonial, en la versión pública de la sentencia se censuraron los nombres de los proveedores beneficiados.
Los ex funcionarios aún pueden impugnar el fallo ante un tribunal colegiado; de confirmarse, el SAT ejecutará el cobro de la indemnización como un crédito fiscal sobre sus bienes o cuentas.
