Piden evitar que escuelas privadas condicionen compras en regreso a clases
El diputado local Felipe Eduardo González Miranda presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional Antimonopolio a reforzar las acciones de vigilancia y protección a las familias durante la temporada de regreso a clases.
Con dicha propuesta se busca prevenir posibles prácticas comerciales abusivas por parte de instituciones educativas particulares relacionados con la adquisición de útiles escolares, uniformes, calzado, libros y demás materiales necesarios para el ciclo escolar 2026-2027, que iniciará el próximo 31 de agosto.
La iniciativa fue acompañada por los legisladores que integran el grupo parlamentario Alianza Coahuila, del PRI.
Piden libertad de elección
González Miranda señaló que instituciones particulares condicionan de manera recurrente la inscripción o la prestación del servicio educativo a la compra de determinados productos exclusivamente con proveedores designados por las propias escuelas, lo que limita la libertad de las familias para comparar precios y elegir dónde adquirirlos.
De acuerdo con la propuesta, la Profeco ha establecido que las instituciones particulares no pueden obligar a las familias a adquirir útiles, uniformes o materiales escolares en un establecimiento específico, por lo que se plantea fortalecer la vigilancia, verificación y atención de denuncias durante las semanas previas y posteriores al inicio del ciclo escolar.
El legislador aclaró que la propuesta no busca cuestionar a las instituciones educativas particulares, sino garantizar que existan reglas claras, información suficiente y libertad de elección para las familias. “Proteger al consumidor también significa proteger la economía familiar”, puntualizó.
Reforzarían las revisiones a escuelas
Dentro del punto de acuerdo, también se solicita a la SEP fortalecer las acciones de información, orientación y supervisión dirigidas a las instituciones educativas particulares, mientras que a la Comisión Nacional Antimonopolio se le plantea valorar las acciones correspondientes en caso de detectar posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con la imposición de proveedores.
La iniciativa fue presentada por el diputado Felipe González ante el Congreso del Estado de Coahuila, como parte de su labor legislativa y con el propósito de que la propuesta sea analizada conforme al proceso correspondiente, en atención a las necesidades de la ciudadanía y al fortalecimiento del marco jurídico estatal.
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