Piden fortalecer fiscalización electoral para evitar ingreso de recursos ilícitos del CO en elección del 2027

El fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización para impedir la intromisión de recursos de procedencia ilícita, incluidos aquellos vinculados con el crimen organizado, será uno de los aspectos fundamentales para garantizar condiciones de certeza y equidad en las elecciones de 2027, señaló Gilberto de Guzmán Bátiz García, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Fiscalización de recursos y reglas claras

Explicó que resulta indispensable dotar a las autoridades electorales de herramientas suficientes para supervisar el origen y destino de los recursos utilizados durante las contiendas, privilegiando que el financiamiento se mantenga dentro de los cauces legales y públicos.

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Destacó que precisamente la inversión ciudadana en las instituciones electorales tiene como propósito garantizar elecciones transparentes, por lo que la fiscalización debe funcionar como una limitante efectiva frente a cualquier intento de introducir dinero de procedencia indebida.

En otro tema, consideró deseable avanzar en una legislación más clara respecto a los actos anticipados de campaña y la exposición pública de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular, a fin de evitar ventajas indebidas entre los contendientes.

Reconoció que actualmente existen criterios jurisdiccionales emitidos por el Tribunal Electoral para atender estas situaciones; sin embargo, sostuvo que una regulación legislativa permitiría terminar con especulaciones y establecer reglas más precisas.

Subrayó que cualquier actividad realizada por los aspirantes debe analizarse bajo el principio de equidad, de manera que las acciones permitidas a una fuerza política puedan desarrollarse por las demás en igualdad de circunstancias y con la correspondiente vigilancia sobre el origen de los recursos utilizados.

Asimismo, llamó a los actores políticos a asumir su responsabilidad frente a la ciudadanía y conducirse con decoro cuando busquen acceder a un cargo público.

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Respecto a la carga de trabajo que se anticipa para el próximo proceso electoral, el magistrado presidente aseguró que las instituciones cuentan con la capacidad técnica, jurídica y operativa para atender los litigios que se presenten.

Explicó que, aunque los procesos electorales tienen fechas oficiales de inicio, la disputa política es permanente, lo que genera una actividad constante para los órganos jurisdiccionales.

“Hoy están dadas las circunstancias, vamos a operar una elección con las normas que ya tenemos, con las que ya operamos, y esto es totalmente funcional”, expresó.

Sostuvo que el sistema normativo electoral ha demostrado su eficacia a lo largo de distintos procesos, por lo que las autoridades están preparadas para aplicar las disposiciones vigentes rumbo a 2027.

Finalmente, destacó la importancia de incentivar una mayor participación ciudadana y avanzar hacia calendarios electorales más compactos, que permitan optimizar los recursos públicos y evitar que el costo de las elecciones continúe incrementándose.