Piden investigar salud mental en caso de jóvenes de Torreón y revisar atención en ESERETA
El caso que involucró a dos jóvenes de Torreón y que generó consternación nacional debe ser investigado también desde la perspectiva de la salud mental pues ninguno de ellos presentaba problemas de adicciones y uno habría sido ingresado a una estancia para tratamiento de adicciones, señaló el diputado Jorge Arturo Valdés Flores.
Advirtió que debe esclarecerse si el joven recibió una valoración clínica adecuada al ingresar al centro y si se detectó algún problema de salud mental, al considerar que los indicios apuntan a que enfrentaba una situación psicológica que podría haber venido arrastrando desde tiempo atrás.
Explicó que con la nueva legislación las personas que llegan a estos establecimientos deben ser valoradas clínicamente, por lo que consideró necesario conocer los resultados de esa evaluación y determinar si el lugar contaba con las condiciones y personal especializado para atender un problema de salud mental.
Aclaró que el nombre correcto de estos establecimientos es Estancia Residencial de Tratamiento de Adicciones (ESERETA); además, una adicción y un problema de salud mental son situaciones distintas que requieren atención especializada.
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La presidenta de la Barra planteó que en Baja California si se contempla la responsabilidad del daño para los padres, pero a nivel nacional es una cuestión contraria, siendo los adolescentes los que tienen que responderAutoridades deben determinar si el centro presenta alguna irregularidad
En ese sentido, planteó que si el centro no está facultado para atender problemas de salud mental, las autoridades deberán determinar si existió alguna irregularidad y deslindar las responsabilidades correspondientes.
Sostuvo que el caso también debe encender una alerta sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes, particularmente por la facilidad con la que pueden entrar en contacto, en tiempo real, con contenidos y personas vinculadas con la violencia.
Consideró que la prevención debe comenzar desde los hogares, continuar en las escuelas y extenderse a la sociedad y las autoridades, mediante una mayor vigilancia sobre el uso que niñas, niños y adolescentes hacen de las redes sociales.
Aunque evitó pronunciarse sobre la efectividad de la legislación estatal en materia de anexos para no politizar el caso, señaló que corresponde a las autoridades realizar las investigaciones y determinar lo ocurrido.
