Plantean convertir AHMSA en empresa paraestatal ante irregularidades en posible venta

La presunta comercialización de activos en garantía de Altos Hornos de México (AHMSA) por parte de acreedores como Villacero o Grupo Afirme no tendría validez legal, ya que no poseen la propiedad de dichos bienes, señaló Héctor Manuel Garza Martínez, quien además planteó que el gobierno federal intervenga para adquirir la siderúrgica y asegurar el cumplimiento de pagos a los trabajadores.

El director ejecutivo de Grupo Ónix, Business & Legal Services, explicó que la versión sobre una venta directa de activos carece de fundamento jurídico, al tratarse únicamente de bienes dados en garantía. Preciso que los acreedores no tienen facultad para disponer de esos recursos, por lo que cualquier intento de comercialización fuera del proceso judicial sería improcedente conforme a la legislación vigente.

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Según especialistas, ninguna empresa o grupo puede vender o disponer de bienes en garantía sin una resolución judicial previa.

Garza Martínez indicó que esta situación podría derivarse de interpretaciones o especulaciones tras la negativa de algunos involucrados a firmar la carta de aceptación para la subasta. Añadió que posteriormente se promovió un nuevo escrito, cuya resolución aún está pendiente por parte de la juez encargada del caso, sin que exista hasta ahora una decisión definitiva.

Subasta continúa bajo control del síndico y proceso legal

El especialista detalló que el procedimiento formal sigue su curso bajo la supervisión del síndico designado, quien dispone de un plazo de 20 días posteriores al 26 de febrero para definir las condiciones de la subasta. Indicó que actualmente ese periodo continúa vigente, por lo que cualquier anuncio alterno no tiene sustento legal.

Mencionó que existe la posibilidad de que la subasta se lleve a cabo como unidad económica, lo que implicaría la venta completa de la empresa. No obstante, aclaró que aún no se han determinado los posibles interesados ni las condiciones específicas en que se desarrollaría dicha operación.

En este escenario, hizo un llamado a la prudencia entre trabajadores y población en general, al advertir que la difusión de información no confirmada incrementa la incertidumbre en una región ya golpeada por la crisis económica derivada de la situación de la siderúrgica.

Sugieren intervención federal para rescatar la empresa

Garza Martínez informó que, en representación de acreedores y atendiendo a la preocupación social, se ha propuesto que el gobierno federal adquiera AHMSA. Señaló que esta alternativa permitiría mejorar las condiciones de pago para los trabajadores afectados por la situación actual.

Recordó que la Ley de Concursos Mercantiles establece prioridad para los empleados en el pago de adeudos, aunque no siempre se cubre la totalidad de sus prestaciones. Ante ello, planteó que el monto restante pueda compensarse mediante mecanismos como acciones o fideicomisos que les permitan participar en la propiedad de la empresa.

Asimismo, consideró viable integrar a los gobiernos estatal y municipal en el consejo administrativo, con el objetivo de fortalecer la transparencia y operatividad. Destacó que este esquema ya se aplica en empresas productivas del Estado como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

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Exigen que se respete la prioridad legal de pago

Origen de AHMSA refuerza propuesta de rescate estatal

El abogado recordó que AHMSA fue fundada por el gobierno federal en la década de 1940 y llegó a consolidarse como una de las principales productoras de acero en América Latina. Señaló que su privatización en los años noventa generó complicaciones financieras que derivaron en su actual proceso de concurso mercantil.

Advirtió que la adquisición por parte de un tercero podría repetir errores del pasado, por lo que insistió en que la participación del Estado representa una opción más sólida para reactivar la economía regional y restablecer la estabilidad laboral de miles de familias en Monclova y la región Centro de Coahuila.

Finalmente, reiteró el llamado a la presidenta de la República para intervenir en el proceso, al considerar que el gobierno cuenta con los recursos necesarios para rescatar la empresa y contribuir a la recuperación económica de la zona afectada.