Rechaza líder de la Liga Agraria acusaciones de despojo y corrupción en trámites ante el RAN
Francisco Manuel Chavarría Chavarría, presidente del Comité Ejecutivo Nacional y apoderado legal de la organización campesina Liga Agraria de los Derechos, A.C., solicitó su derecho de réplica para desmentir los señalamientos realizados en su contra durante una reciente protesta de ejidatarios frente a las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN), donde se le acusó de presuntos despojos de tierras, extorsiones, tráfico de influencias y obtención irregular de documentos.
En un posicionamiento detallado, el litigante atribuyó las acusaciones a una campaña de denostación encabezada por integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), agrupación que, aseguró, ha dejado de gestionar mesas de diálogo institucional en el campo, a diferencia del trabajo de conciliación mensual que su organización sostiene con representantes federales del propio RAN, la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para prevenir conflictos en el sector rural.
Chavarría negó rotundamente haber cometido despojos en perjuicio de familias campesinas, retener documentos de manera ilegal o amenazar a pobladores con sacarlos de sus viviendas y solares, recordando que no existe ninguna querella penal en su contra por tales hechos.Asimismo, rechazó exigir sumas exorbitantes de hasta 50 mil pesos para agilizar trámites, aclarando que sus honorarios profesionales se pactan de común acuerdo con cada cliente, quienes conservan en todo momento la libertad de contratar o prescindir de sus servicios.

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Precisó que la agilidad con la que logra resolver los asuntos de sus clientes no obedece a actos de corrupción ni a contubernios con funcionarios públicos, sino al uso de estrategias estrictamente jurídicas, específicamente la promoción de juicios de amparo ante jueces federales contra la dilación administrativa del RAN, resoluciones que obligan a la dependencia a dar respuesta pronta bajo advertencia de sanción por desacato.
El representante legal también desglosó su situación jurídica en cada uno de los núcleos agrarios mencionados en las denuncias públicas. Desmintió tener relación profesional alguna con ejidatarios, comisariados o vecinos de los ejidos La Perla, Arenales, Paso del Águila, El Águila, Rancho Alegre y Juan Eugenio, por lo que consideró imposible haber causado afectación alguna en dichas comunidades.

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En cuanto a los ejidos La Joya y San Antonio de los Bravos, puntualizó que funge como abogado tanto de sus comisariados ejidales como de la Asamblea General en asuntos de interés colectivo y juicios sucesorios, destacando que actualmente representa a dichos núcleos en controversias agrarias contra Petróleos Mexicanos (Pemex), el Ayuntamiento de Torreón, la Conagua y particulares por invasiones de tierras y ocupaciones para obras públicas realizadas sin indemnización ni expropiación previa.
Respecto a los ejidos San Luis y El Ranchito, precisó que no asesora a sus directivas ejidales, sino únicamente a pobladores en lo individual para la defensa de sus derechos sucesorios y la protección de parcelas y solares. Subrayó que su ejercicio profesional se limita estrictamente al ámbito agrario y que no litiga juicios civiles ni ejecuta desalojos sobre inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propiedad.