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El miércoles 12, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver un recurso de reclamación derivado de una controversia constitucional entre el Ayuntamiento de Torreón en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Coahuila, así como la Auditoría Superior del Estado.
El recurso de reclamación 31/2026 CA, derivado de la controversia constitucional 190/2025, turnado al ministro Irving Espinosa Betanzo resolverá un recurso del Municipio en contra del acuerdo de 16 de abril de 2026, cuando se desechó una prueba pericial en materia de contabilidad y gasto público, el proyecto plantea declarar como infundado el recurso y confirmar el acuerdo.
El antecedente del recurso es una controversia constitucional promovida por Torreón impugnando el Artículo 158, fracción I, de la Constitución de Coahuila; el Artículo 21, fracciones VI y VIII, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado; el informe anual de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2022; y el dictamen final de Auditoría lo cual fue turnado al ministro Giovanni Figueroa en septiembre de 2025.
Durante la instrucción del asunto, el Municipio ofreció una prueba pericial en materia de contabilidad y gasto público, con el propósito de acreditar aspectos de la fiscalización de recursos públicos municipales, siendo desechado en abril pasado al considerar el ministro que no influiría en la sentencia definitiva.
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Ayuntamiento de Torreón promovió una controversia constitucional contra la auditoría de 2023 por la la Auditoría Superior del EstadoEl delegado del Ayuntamiento de Torreón interpuso un recurso de reclamación sosteniendo que el acuerdo recurrido tuvo “una valoración incorrecta del objeto y alcance de la prueba pericial”.
Como sucedió con el recurso de reclamación 30/2026-CA derivado de la controversia constitucional 207/2025, el ministro tiene la atribución para desechar pruebas desde la base que es él quien conoce del asunto durante la tramitación y puede determinar si los medios probatorios están relacionados, son idóneos e influirán o no con la sentencia definitiva.
El Municipio de Torreón declaró que la finalidad del cuestionario pericial realizada por el contador Mario Alberto Valdez Jiménez, con cédula profesional 3654687, es demostrar que la autoridad fiscalizadora estatal revisó recursos federales fuera de su ámbito de competencia, lo que el ministro consideró infundado al determinar que esta no influirá en la sentencia definitiva.
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