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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un recurso de reclamación interpuesto por el Ayuntamiento de Torreón en contra de un acuerdo de abril pasado, mediante el cual se desechó una prueba pericial en materia de contabilidad y gasto público respecto a la auditoría de 2023 por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El recurso de reclamación 30/2026 derivado de la controversia constitucional 207/2025 fue atraída por el ministro Irving Espinosa Betanzo quien propuso calificar de infundado el recurso de reclamación y confirmar el acuerdo que desechó la prueba pericial, al plantear que la controversia constitucional de origen no se centró en aspectos técnicos contables, sino en analizar si existió una afectación al ámbito competencial y la autonomía del municipio, así como la constitucionalidad de las normas impugnadas.
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El Ayuntamiento impugnó actos de fiscalización de la revisión de la Cuenta Pública, argumentando que se vulneraban la autonomía presupuestaria y hacendaria del MunicipioComo se recordará, la controversia constitucional 207/2025 tiene su origen en un escrito de Eder Farías, ahora ex subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Torreón, quien promovió el reclamo en contra del Artículo 158 de la Constitución de Coahuila, del Artículo 21 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado, el Informe Anual de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente a 2023, el Dictamen Final de la Auditoría y dos procesos de la Auditoría Pública seguidos por la Auditoría Superior del Estado.
El recurso de reclamación en materia fue presentado por Antonio Cuéllar Steffan, delegado del Municipio.
El ministro Espinosa Betanzo analizó la legalidad del acuerdo mediante el cual se desechó la prueba pericial, lo que la Suprema Corte estimó los agravios como infundados, luego de valorar que si guardan o no relación con la controversia; si son idóneos o no y de serlo si influirán o no en la sentencia.
La prueba pericial en materia de contabilidad y gasto público ofrecida por el Ayuntamiento consistió en establecer si el Auditor Superior del Estado de Coahuila revisó o fiscalizó recursos federales y, en su caso, si contaba con competencia para hacerlo.
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Auditoría Superior del Estado señaló que en enero de 2024 notificó al presidente municipal de Torreón el dictamen final o resultados finales de la fiscalizaciónDurante la sesión del miércoles 5 de agosto al resolver los asuntos sin estudio de fondo, el pleno votó a favor de declarar infundado el recurso de reclamación.
