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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Recurso de Queja 11/2026 declarándolo sin materia, por lo que los intentos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Presidencia de la República de modificar los alcances de la sentencia protectora del Acuífero Principal Región Lagunera fueron rechazadas. Con ello, la ejecutoria del Amparo en Revisión 543/2022 -emitida en marzo de 2023 y que ordena cesar las acciones que agravan la sobreexplotación del acuífero- sigue vigente, firme y con plena fuerza ejecutoria.
El origen de este proceso se remonta al 6 de mayo de 2025, cuando el Juez Quinto de Distrito en La Laguna rechazó la solicitud de Conagua de obtener un “cumplimiento sustituto” de la sentencia. En ese contexto, la Consejería Jurídica de la Presidencia, en representación expresa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó ante la Corte el Oficio 100.CJEF.06053. En dicho documento se pedía delimitar y modificar los alcances de la sentencia, estableciendo que no podía limitarse la actuación de Conagua en materia de derechos de los concesionarios sobre el agua subterránea, incluidas las prórrogas de concesión.
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Consideró que no es necesario conceder una audiencia pública a la comunidad indígena, ya que ese mecanismo está previstoDesde la emisión de la sentencia en 2023, organizaciones y ciudadanos laguneros han vigilado y defendido su cumplimiento frente a sucesivos intentos de vaciarla de contenido, desde solicitudes de modificación de medidas, recursos legales y pedidos de cumplimiento sustituto. El intento más grave, documentado hasta ahora, fue la intervención directa de la Presidencia mediante el Oficio 100.CJEF.06053, que buscaba instruir al Poder Judicial sobre cómo resolver un asunto activo.
Ante ello, la ciudadanía visibilizó a nivel nacional la indebida injerencia de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a favor de un grupo de concesionarios y en perjuicio de la población que depende del acuífero para su vida diaria. Se dio a conocer públicamente el oficio y se exigió una explicación sobre cómo un documento firmado en nombre de la presidenta podía pretender orientar las decisiones de la Corte.
Como parte de la estrategia de defensa, representantes de la sociedad civil sostuvieron un diálogo directo con el Ministro presidente de la Suprema Corte y con el equipo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, ponente del recurso. En esas reuniones se expusieron las presuntas irregularidades que rodeaban la tramitación del caso, como la intervención de la Consejería Jurídica, el contenido del oficio y su incompatibilidad con el principio de independencia judicial, así como los antecedentes de presión en el procedimiento de cumplimiento de sentencia.
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Este caso se inscribe en el litigio iniciado en 2019 para que las autoridades federales adopten medidas efectivas que reviertan la sobreexplotación del AcuíferoEl procedimiento de cumplimiento de la sentencia continúa ante el Juez Quinto de Distrito en La Laguna. Las organizaciones y ciudadanos han reiterado que seguirán participando activamente, aportando información técnica, vigilando que las autoridades responsables cumplan con sus obligaciones y exigiendo que la sentencia que protege el acuífero se cumpla en los términos ordenados.
Las organizaciones civiles laguneras consideraron que la resolución de la Suprema Corte representa un triunfo para la independencia judicial y para la defensa del derecho humano al agua de más de un millón de habitantes de la Comarca Lagunera. La batalla legal continúa, pero la sentencia se mantiene firme frente a la sobreexplotación de la principal fuente de vida de la región.
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El funcionario detalló que, como parte de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó la instalación de medidores telemétricos