SCJN resuelve como infundado recurso de controversia entre Ayuntamiento de Torreón y ASE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un recurso de reclamación derivado de una controversia constitucional entre el Ayuntamiento de Torreón en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Coahuila, así como la Auditoría Superior del Estado.

El recurso de reclamación 31/2026 CA, derivado de la controversia constitucional 190/2025, turnado al ministro Irving Espinosa Betanzo resolvió como infundado un recurso del Municipio en contra del acuerdo de 16 de abril de 2026, cuando se desechó una prueba pericial en materia de contabilidad y gasto público, el proyecto se encontró entre los asuntos sin estudio de fondo y reclamaciones.

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Municipio ofreció una prueba pericial en materia de contabilidad y gasto público, con el propósito de acreditar aspectos de la fiscalización de recursos

El antecedente del recurso es una controversia constitucional promovida por Torreón impugnando el Artículo 158, fracción I, de la Constitución de Coahuila; el Artículo 21, fracciones VI y VIII, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado; el informe anual de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2022; y el dictamen final de Auditoría lo cual fue turnado al ministro Giovanni Figueroa en septiembre de 2025.

Fue a finales de mes, cuando el ministro instructor previno al municipio para precisar la fecha en que fue notificado del denominado “resumen inconcluso de observaciones del Informe Anual de Resultados a la Revisión de la Cuenta Pública” y señalara las afectación concreta que generaba el Informe Anual de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2022.

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El Ayuntamiento impugnó actos de fiscalización de la revisión de la Cuenta Pública, argumentando que se vulneraban la autonomía presupuestaria y hacendaria del Municipio

El proyecto señala que durante la instrucción del asunto, el Municipio de Torreón ofreció la prueba pericial con el propósito de acreditar diversos aspectos relacionados con la fiscalización de los recursos municipales, siendo en abril de 2026 cuando se desechó la probanza al considerar que no influiría en la sentencia definitiva. 

El pleno votó a favor por unanimidad el proyecto.