Tras la derrota electoral de Morena en Coahuila, expertos alertan de que este escenario podría cambiar para 2027 y 2030, pues el partido en el poder ha ido tejiendo un andamiaje legal y constitucional diseñado estratégicamente para blindar su movimiento contra futuras derrotas en las urnas y asegurar su permanencia y control territorial.
Dicho entramado incluye las reformas para anular elecciones por injerencia extranjera, por injerencia del crimen organizado, la ampliación en el cargo de magistrados electorales federales y la elección judicial que definió a jueces por "acordeones".
Para los expertos, dicho paquete de modificaciones dota al régimen de herramientas sin precedentes para revertir por la vía jurídica aquellos resultados electorales que le resulten adversos.
Explican que podrían anular candidatos desde la revisión antinarco que se haría previamente, anularían elecciones con cualquier pretexto de injerencia extranjera y además tendrían de su lado a los magistrados que tienen la facultad de anular elecciones.
Por otra parte, sostiene el tema de la seguridad sí tuvo un peso fundamental en los resultados de la elección en Coahuila, en donde el PRI, partido en el gobierno, se alzó con los 16 distritos locales en disputa, aseguró Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), especialista en seguridad y políticas públicas.
Aunque precisó que para tener mayor certeza habría necesidad de un estudio demoscópico, consideró que sí existió un "efecto contraste" en el que el ciudadano coahuilense observó lo que sucede en estados vecinos, como Zacatecas, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí y Chihuahua, donde la situación de seguridad es peor que en Coahuila.