Transportar combustible sin permiso pone en jaque a constructoras laguneras

Empresas constructoras se ven obligadas a operar bajo riesgo en el transporte y almacenamiento de combustible de autoconsumo, ya que los permisos federales para transportar combustible son procesos largos y complicados que pueden tardar años en resolverse.

“Ahorita el tema está en standby, pero nos obligan a tener los permisos y vamos a hacer todo lo posible por sacarlos”, señaló Alejandro Jiménez Algara, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la región Laguna.

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El dirigente reconoció que algunas compañías han optado por mover combustible sin autorización, respaldándose únicamente en las facturas de compra para demostrar la legalidad del producto. Sin embargo, subrayó que la obtención de permisos es indispensable, sobre todo en el marco del combate al huachicol, que ha endurecido la vigilancia sobre el transporte de hidrocarburos.

El presidente de la CMIC Laguna hizo un llamado a las empresas constructoras que se dedican al transporte de combustible para que se acerquen a la cámara y gestionen sus permisos de manera formal.

“Es importante que las empresas regularicen su situación para evitar sanciones y problemas mayores”, puntualizó.

Recientemente, la Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer la implementación de un Programa temporal de Registro para la actividad de despacho de petrolíferos destinados al autoconsumo, en el marco de la entrada en vigor de la Ley del Sector Hidrocarburos y su Reglamento.

Con esta medida, la institución busca ordenar un terreno marcado por la incertidumbre jurídica y ofrecer un mecanismo de transición regulatoria que permita a las empresas continuar con sus operaciones mientras se emite la normatividad definitiva.

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El despacho para autoconsumo consiste en el suministro de gasolinas, diésel y gas LP exclusivamente a vehículos automotores propiedad o en posesión de quien realiza la actividad, siempre que estén directamente relacionados con su objeto social o actividad económica. No implica autorización para la venta ni transferencia de los combustibles.

El registro será excepcional y temporal, y permitirá identificar instalaciones existentes, fortalecer la trazabilidad de las operaciones y reconocer a las personas registradas como cumplidoras de los requisitos hasta que obtengan el permiso definitivo.

La CNE informó que notificó a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional sobre la implementación del Programa, con el objetivo de coordinar acciones durante el periodo de transición y garantizar seguridad jurídica a quienes se inscriban. El organismo subrayó que este esfuerzo busca sentar las bases de un esquema regulatorio más sólido y confiable.