Urge agilizar compensaciones en daños por 'apagones': Gerardo Aguado

Los apagones dejaron de ser hechos aislados para convertirse en un problema cotidiano que afecta a miles de familias, comercios y empresas en todo el país, por lo que es necesario garantizar mecanismos de indemnización ágiles y accesibles para los usuarios afectados, señaló el diputado Gerardo Aguado Gómez.

Por lo anterior, explicó que aunque la legislación vigente reconoce el derecho de los usuarios a ser compensados por los daños ocasionados a equipos y aparatos eléctricos a consecuencia de variaciones de voltaje o interrupciones atribuibles a fallas en el sistema eléctrico, en la práctica el procedimiento para hacer efectivo ese derecho es lento, burocrático y poco equitativo.

Detalló que actualmente los afectados deben acudir a un Centro de Atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentar un formato, acreditar la fecha y hora del apagón, esperar una inspección técnica y un dictamen emitido por la propia empresa para determinar si procede o no la indemnización.

En caso de una resolución negativa, aún deben iniciar nuevos procedimientos administrativos.

“El ciudadano tiene un derecho reconocido por la ley, pero quien decide si ese derecho se hace efectivo es precisamente la misma institución a la que se atribuye la falla”, sostuvo.

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Advirtió que las interrupciones del suministro eléctrico también provocan pérdidas económicas por alimentos y medicamentos, además de afectar la operación de negocios, talleres y empresas.

Se registran apagones en al menos 20 estados del país

Mencionó que durante 2026 se han documentado apagones en al menos 20 entidades del país, entre ellas Coahuila, como consecuencia de las altas temperaturas, el incremento en la demanda de energía, la saturación de la red y el envejecimiento de parte de la infraestructura eléctrica.

Ante este panorama, propuso abrir una discusión para fortalecer la protección de los usuarios mediante un procedimiento de reclamación más sencillo, el reconocimiento de daños masivos cuando un mismo apagón afecte a cientos de personas, la transparencia en la información sobre las interrupciones del servicio, el reconocimiento oficial de las pérdidas económicas y una reforma legal que establezca de manera expresa los derechos de los usuarios y el procedimiento de indemnización.

Precisó que fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar mecanismos de reparación eficientes no debe verse como un asunto político, sino como una medida indispensable para proteger el patrimonio de las familias y fortalecer la competitividad del país.