El tiempo de las mujeres en el ámbito jurisdiccional es hoy una realidad. Plantear y exigir oportunidades para niños y niñas desde nuestra trinchera se traduce en jornadas laborales apasionantes, en ver esos expedientes con rostro, con historia; es darnos a nosotras mismas contención, ambientes libres de violencia y respeto, con un futuro alentador, lleno de esperanza judicial. Se traduce en el día a día de las mujeres que estamos en el ámbito jurisdiccional de este México.
Según datos del INEGI, la integración de las mujeres en el sistema judicial ha crecido considerablemente: en 2024, más del 45 % de los cargos dentro del Poder Judicial estaban ocupados por mujeres. Y aunque estas cifras reflejan un progreso evidente, la presencia femenina en puestos de alta dirección sigue siendo limitada. Para que exista una justicia verdaderamente equitativa, no basta con tener más mujeres en el sistema, sino que se requiere una transformación profunda en la cultura institucional.
De acuerdo con informes del Consejo de la Judicatura Federal y diagnósticos sobre igualdad en el Poder Judicial, la brecha de género se vuelve más visible conforme se asciende en la jerarquía de los cargos. Si bien ha aumentado el número de juezas y magistradas, los espacios de toma de decisiones estratégicas aún presentan desafíos en materia de paridad sustantiva. Esto demuestra que el avance no solo debe medirse en números, sino en condiciones reales de acceso, permanencia y liderazgo para las mujeres dentro del sistema de justicia.
Uno de los grandes desafíos es la violencia institucional que muchas mujeres enfrentan dentro de su propio entorno laboral. A esto se agrega la falta de capacitación con perspectiva de género, lo que impacta directamente en la forma en que se atienden los casos relacionados con violencia, feminicidios y discriminación.
Las voces de las mujeres y sus pasos deben ser acompañados por políticas públicas claras, reformas estructurales y una ciudadanía cada vez más consciente y exigente con sus instituciones.
La presencia de mujeres en la justicia no solo es una cuestión de equidad, sino también de mejora en la eficacia y sensibilidad del sistema judicial, especialmente en el ámbito penal, familiar y en la atención de víctimas. Se reconoce que hombres y mujeres pueden juzgar con perspectiva de género, pero la inclusión femenina garantiza que las decisiones reflejen experiencias diversas y promuevan la igualdad sustantiva.
Hoy existen concursos de oposición exclusivos para mujeres y la paridad en la postulación de candidaturas para la elección de 2027.
Preparar a una niña o a un niño para ejercer en el ámbito jurisdiccional comienza mucho antes de ingresar a una facultad de Derecho; inicia en el hogar y en la escuela, fomentando el pensamiento crítico, el respeto por los derechos humanos, la empatía y la convicción de que la justicia es un servicio a su familia, comunidades y escuelas. Implica ofrecer educación de calidad, modelos a seguir visibles, espacios libres de estereotipos de género y la certeza de que su voz importa. Cuando enseñamos a nuestras infancias a cuestionar, a defender lo correcto y a comprender la dignidad de todas las personas, estamos sembrando las bases de futuras juezas, jueces, magistradas y magistrados comprometidos con una justicia más humana y equitativa.
El camino de las mujeres en el ámbito jurisdiccional no es una concesión, es una deuda histórica que comienza a saldarse.
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