SAT tendrá acceso a tus apps de streaming y citas: conoce cómo te afectará
La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Fiscal de la Federación que permitirá al Servicio de Administración Tributaria (SAT) tener acceso en línea y en tiempo real a la información de plataformas digitales que operen en México, como Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, Tinder, Duolingo o HBO Max.
Con 335 votos a favor y 122 en contra, los legisladores avalaron la adición del artículo 30-B, el cual establece que los prestadores de servicios digitales deberán permitir al SAT el acceso permanente a los registros, sistemas y operaciones que realicen en territorio nacional.
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Por primera vez se aplicará un IEPS a los sueros orales que no cumplan con las fórmulas establecidas por la OMS¿Qué información podrá consultar el SAT?
De acuerdo con el dictamen, la autoridad fiscal podrá revisar datos relacionados con transacciones, movimientos financieros, registros de usuarios y operaciones vinculadas con las plataformas.
El objetivo, según la propuesta impulsada por el gobierno federal y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es verificar el cumplimiento fiscal y mejorar la eficiencia recaudatoria en el sector de la economía digital.
Sin embargo, la reforma aclara que no se accederá al contenido personal o de consumo de los usuarios, sino a la información fiscal y financiera de las empresas proveedoras.
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El legislador Arturo Ávila consideró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue quien encabezó una verdadera lucha democráticaBloqueo a plataformas en caso de incumplimiento
El nuevo artículo establece que, si las plataformas no otorgan el acceso requerido o incumplen las disposiciones, el SAT podrá bloquear temporalmente su funcionamiento en territorio mexicano hasta que se regularicen.
La medida aplicará para servicios de streaming, clubes en línea, páginas de citas, educación a distancia, test interactivos y plataformas de intermediación entre terceros.
La reforma entrará en vigor el 1 de abril de 2026, periodo durante el cual las empresas digitales deberán adaptar sus sistemas para cumplir con las nuevas obligaciones.
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Diversas organizaciones civiles, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19, advirtieron que el artículo 30-B representa una amenaza al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.
R3D señaló que permitir un acceso constante del SAT a los sistemas de las plataformas “constituye una interferencia desproporcionada en los derechos de la ciudadanía”, al tratarse de una vigilancia sin control judicial ni salvaguardas claras.
Asimismo, la organización advirtió que el bloqueo temporal de servicios digitales podría considerarse una forma de censura indirecta, afectando el acceso a la información y la comunicación en línea.
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¿Por qué el Gobierno impulsa esta medida?
El documento legislativo argumenta que “se requiere un marco que permita a las autoridades fiscales obtener la información suficiente para verificar el cumplimiento de obligaciones dentro de la economía digital”, destacando que estos modelos de negocio tienen impacto fiscal, aduanero, económico y tecnológico.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de administrar los aspectos técnicos e informáticos para la aplicación de la norma.
