De nueva cuenta, las personas que han sido defraudadas por la compraventa de terrenos y casas se movilizaron para exigir que se actúe contra los responsables, pues esta vez acudieron a la delegación regional de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se manifestaron y bloquearon parcialmente la circulación en el cuerpo lateral del periférico.
La intención de acudir a esta dependencia es porque denuncian tortuguismo y nula actuación de la FGE, ya que de unas 60 denuncias solamente se han judicializado dos casos.
Además, señalaron que en tres ocasiones se ha detenido a uno de los implicados, pero lo han dejado libre y no se ha procedido contra uno de los principales actores del fraude, el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, quién según señalaron, huyó a España para evadir la acción de la justicia.
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Los afectados exigen que se les dé una solución y se castigue a los responsables de dicho fraudeAlfonso Serrano, uno de los afectados dijo que el fiscal, Federico Fernández Montañez se ha negado a darles atención; "en una ocasión nos citó a las nueve de la mañana en la delegación, pero nos hizo esperar y nos atendió hasta las siete de la tarde. Nos dio un número de teléfono que supuestamente era su contacto personal pero nunca nos ha respondido las llamadas", señaló.
Mientras tanto el delegado Carlos Rangel salió a decirles que ya hay una docena de órdenes de aprehensión contra los presuntos involucrados, a lo que Serrano respondió que "así pudiera haber 10, 20 o 50 órdenes de captura, si no se ejecutan ni se aplica la justicia de nada va a servir".
Aunque el grupo de inconformes son 27, desde que se hizo público este caso se han ido sumando más afectados de lo que dijo Serrano, es todo un entramado de corrupción en el que están involucrados funcionarios del Municipio, del Estado y no únicamente el ex notario, sino otras notarias públicas que también han avalado las irregularidades.
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Un grupo de 27 afectados denuncian un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesosEn su caso, dijo, el inmueble que compró fue vendido infinidad de veces y por ese motivo nunca le fue entregado, al igual que ocurrió con el resto de los afectados, quienes exigen una reparación del daño y se actúe verdaderamente aplicando la justicia.
Los afectados responsabilizan al gobierno de Coahuila por actos de omisión, pues según indicaron, desde que Rubén Moreira, actual diputado federal era gobernador, se otorgó el fiat notarial a Muñoz Sanjuan, quien fue exentado de presentar los exámenes de evaluación a que todos los aspirantes debem someterse. Incluso, indicaron que el ex notario padece de sus facultades mentales y cuenta con dos denuncias de intento de feminicidio, pese a las cuales siguió ejerciendo el cargo hasta enero de 2025, cuando le retiraron el fiat.
"Que las autoridades se hagan cargo de esta situación tan irregular, pues las notarías son avaladas por el gobierno estatal", señaló.
En ese sentido, indicaron que no basta con que le hayan impedido seguir ejerciendo el cargo, ya que sigue gozando de impunidad mientras ellos no han visto restituido el enorme daño patrimonial que les ocasionaron.
Los inconformes señalaron que las protestas van a continuar mientras no encuentren una solución a su problema.
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Afectados por el llamado “cártel inmobiliario” denunciaron dilaciones en la Fiscalía y presuntas omisiones de autoridades municipales y estatalesDe acuerdo con los cálculos que han realizado, el daño patrimonial es de unos 19 millones de pesos.
Actos de corrupción
Además de señalar retrasos en la judicialización de las carpetas de investigación, el grupo de inconformes dio a conocer que el personal de la FGE ha incurrido en actos de corrupción, lo que ha contribuido para que no avancen las investigaciones ni se sancione a los responsables.Según indicaron, se ha detenido a uno de los actores intelectuales del fraude en tres ocasiones, pero presuntamente le pidieron dinero para dejarlo ir y no ejercer acción penal en su contra.
Además, después de la manifestación que realizaron esta misma semana en la avenida Juárez, afuera de donde funcionaba la Notaría Pública 45, detuvieron a otra de las involucradas, como reacción a la protesta. "Hay actos de corrupción, el mismo fiscal lo reconoció hace más de un mes", según indicó Alfonso Serrano.
Los manifestantes señalaron también que cuando se señaló a la Notaría 45 de todas las irregularidades, se efectuaron cateos en dichas oficinas, pero desaparecieron documentos oficiales y equipos de cómputo, donde había elementos suficientes para comprobar todas las anomalías que se cometieron.
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Profeco y Condusef alertan sobre los 'montaviajes' que arruinan tus vacaciones en 2026Por otra parte, acusaron que otras notarías también han efectuado trámites de escrituración de terrenos que no son factibles de escriturar, información que la misma dirección jurídica municipal les ha confirmado.
"Los funcionarios son pagados por nosotros mismos, Gustavo Muñoz (director de Urbanismo) nos prometió un predio que iban a desincorporar del Ayuntamiento para resarcir parte del daño, el problema es que funcionarios de esa área están siendo señalados por los mismos defraudados", por lo que no hay confianza en las autoridades.
Alfonso Serrano dijo que hay quienes han tratado de responsabilizar a los compradores por adquirir propiedades que anunciaban en las redes sociales; "pero el problema no somos nosotros, sino quienes han abusado del poder y la autoridad para engañarnos, hay personas en condiciones vulnerables que fueron defraudadas y no han encontrado una respuesta".
Avanza Fiscalía en caso de fraude, dice delegado regional
A un año de haber iniciado las investigaciones por el probable fraude conocido como el “cártel inmobiliario”, la Fiscalía General del Estado, a través de la Delegación Laguna I, reporta avances significativos en la judicialización de los casos, con al menos 60 denuncias formales y 12 órdenes de aprehensión giradas contra personas involucradas.
El delegado regional, Carlos Rangel, informó que desde que se tuvo conocimiento del caso —coincidiendo con la llegada del fiscal general Federico Fernández— se estableció una estrategia de atención directa a las víctimas, quienes en su mayoría integran un grupo de 27 afectados, que denuncian un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos.
Detalló que durante este tiempo se han llevado a cabo más de 20 sesiones de trabajo, tanto colectivas como individuales, en las que se definió una ruta de acción conjunta. Incluso, durante varios meses se mantuvieron reuniones semanales cada lunes, mismas que posteriormente se suspendieron a petición de los propios afectados al considerar que había avances en las investigaciones.
Como resultado de estas acciones, actualmente hay dos mujeres detenidas y una más fue reaprehendida recientemente, luego de que en un caso previo se alcanzara un acuerdo reparatorio avalado por la víctima. El funcionario explicó que este tipo de acuerdos son legales y no pueden ser impedidos por la autoridad cuando la parte afectada acepta la reparación del daño.
Asimismo, indicó que la mayoría de las carpetas de investigación ya han sido integradas y judicializadas, aunque reconoció que aún falta la localización de dos personas señaladas como los principales organizadores del esquema fraudulento, quienes ya cuentan con órdenes de aprehensión, pero han promovido amparos para evitar su captura.
Rangel subrayó que existe comunicación constante con las víctimas, incluso mediante un grupo de WhatsApp donde participan autoridades y afectados, lo que ha permitido dar seguimiento puntual a cada caso y atender nuevas inquietudes o información que surge conforme avanza la investigación.
Respecto a señalamientos sobre la posible participación de funcionarios estatales y municipales, el delegado fue enfático al señalar que “la ley va a ser pareja” y que se llegará hasta las últimas consecuencias, aunque aclaró que para acreditar responsabilidades adicionales es necesario avanzar en los procesos judiciales en curso.
Añadió que la Fiscalía mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas denuncias, ya que se tiene conocimiento de más posibles víctimas que aún no han formalizado sus casos. “Estamos en total disposición de atenderlas y darles el mismo seguimiento”, afirmó.
Reconoció la frustración de los afectados ante la falta de detención de todos los implicados, pero aseguró que la dependencia continúa trabajando en la integración de expedientes, la judicialización de casos y la localización de los presuntos responsables, con el objetivo de garantizar justicia.
(Con información de Norma Ibarra)
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