Atendiendo una acción inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso por segunda ocasión la discusión de un proyecto donde se cuestiona la regularidad constitucional de diversas disposiciones de la Constitución Política y de las Cartas de Derechos de Coahuila.
La acción de inconstitucionalidad 134/2022 turnada a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la cual cuestionó la regularidad constitucional publicadas desde agosto de 2022.
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La ministra Herrerías Guerra determinó en su proyecto que la acción de inconstitucionalidad era procedente y parcialmente fundadaLa CNDH encontró que desde agosto de 2022, el Congreso del Estado había establecido criterios propios de interpretación y control constitucional e incluso regulado la restricción y suspensión de derechos humanos, contraviniendo los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional. También modificó el contenido de ciertos derechos reconocidos en la Constitución Mexicana en materia de derechos a la familia, a la libertad sexual y a la seguridad jurídica.
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Corte estableció que había un mandato constitucional relativo a establecer la exención de cobroLos artículos cuestionados fueron el 7, el 158 y 195 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
También es la Carta de Derechos Civiles en sus Artículos 3, 4, 17, 18, 20, 45, 70, 80, 88, 114, 124,125, 127, 165, 181, 206, 207, así como 240 a 244. De la Carta de Derechos Políticos se cuestionaron los Artículos 20, 29, 34, 35, 48, 49; así como de la Carta de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en sus artículos 3, 4, 21, 100 a 103 y 107.
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