¿Qué es la Fiscalía de Inteligencia Financiera en Nuevo León avalada por la Suprema Corte?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó recientemente una reforma aprobada en Nuevo León y dio el visto bueno a la creación de una Fiscalía de Inteligencia Financiera, concebida como un órgano especializado para la investigación de operaciones financieras presuntamente ilícitas y delitos de carácter fiscal.
El análisis se originó a partir de impugnaciones presentadas por legisladores locales y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes cuestionaron si la posible creación de esta Fiscalía y el alcance de sus facultades respetaban el marco constitucional y la distribución de competencias entre autoridades estatales y federales.
Luego de estudiar el caso, la Corte determinó que el Congreso de Nuevo León sí cuenta con atribuciones para establecer una Fiscalía especializada, aunque precisó que algunas de sus facultades deben ajustarse a los límites constitucionales.
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La Fiscalía de Inteligencia Financiera de Nuevo León fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un órgano especializado encargado de investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales dentro del ámbito estatal.
El máximo tribunal determinó que el Congreso local sí tenía facultades para crear esta Fiscalía y definir sus funciones generales a través de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado.
Entre sus principales atribuciones estaría recabar, analizar y concentrar información financiera, fiscal y patrimonial relacionada con posibles hechos ilícitos. Para ello, la Fiscalía puede coordinarse con otras autoridades y solicitar información a instancias federales, estatales y municipales, para así fortalecer las investigaciones y dar seguimiento a operaciones sospechosas.
Sin embargo, la Suprema Corte estableció límites claros a su actuación. En su resolución, invalidó la disposición que le permitía ordenar la inmovilización o congelamiento de cuentas bancarias, al considerar que esa facultad corresponde a autoridades federales.
De esta manera, la Fiscalía podría investigar y reunir información, pero no aplicar medidas que excedan su competencia legal.
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