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SCJN desestima acción contra servicio social para 'maestros sombra' en Ley de Educación en Durango

La ministra Loretta Ortiz declaró que está una obligación constitucional y convencional para garantizar el derecho a la consulta

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Educación del Estado de Durango sobre la figura de "maestro sombra" como apoyo a alumnos con dificultad para su desarrollo. 

Fue finalmente este miércoles, cuando luego de posponerse durante días se dio la discusión de la acción de inconstitucionalidad 119/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y turnada a la ministra Yasmín Esquivel quien propuso declarar como procedente y fundada la acción, así como la invalidez de un inciso de la Ley de Educación adicionado en septiembre de 2025.

La invalidez, según Esquivel, surtirá efecto a los 12 meses de ser notificado el Congreso de Durango, otorgando ese plazo para el desarrollo de una consulta a las personas con discapacidad.

La ministra María Estela Ríos declaró que votaría en contra planteando que "La participación de estudiantes que presten el servicio social como auxiliares no sustituye funciones del poder del personal docente ni demerita la calidad de atención educativa".

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Esquivel Mossa manifestó que la propuesta convertida en ley incidía en las personas con discapacidad y por lo tanto estaba la obligación del Congreso de hacer una consult

Manifestó que la reforma le brinda la oportunidad a estudiantes afines a la educación especial (Ej. psicología o pedagogía) poder brindar apoyo a las personas que lo requieran participando como auxiliares especializados, como forma de servicio social, uno de los requisitos para graduarse. 

El ministro Irving Espinoza declaró que votaría a favor del proyecto, separándose de consideraciones y metodología; a su vez propuso ajustar el proyecto a la mención de "maestros sombra", lo cual fue admitido por la ministra Esquivel para omitirlo.

La ministra Sara Irene Herrerías declaró que analizando la norma el promover que sean los estudiantes quienes brinden la atención para cumplir con el requisito de servicio social, advirtiendo que invalidar la norma impedirá que las personas con discapacidad sean acompañadas. 

El ministro presidente Hugo Aguilar consideró que veía avance en la norma, siendo esta "no perfecta" por la falta de consulta, pero externó que le preocupaba que el proyecto invalide la reforma. 

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La ministra Loretta Ortiz declaró que está una obligación constitucional y convencional para garantizar el derecho a la consulta, rechazando que se deja en desamparo a las personas con discapacidad si se invalida la norma, "Es nada más un compás de espera para que se haga la consulta y se les pregunte a los interesados/afectados y se hagan las cosas conforme a su criterio". 

"Es el costo de tener un país democrático que escucha, que escucha, no es lo que nosotros pensemos, es que 'esto es lo benéfico'; pensándose en los estudiantes, pero los especialistas pueden decir otras personas".

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Reiteró que la discusión entre los ministros no puede sustituirse en la voluntad de las personas con discapacidad. "Ese es el derecho que se tiene que garantizar, el derecho a la consulta". 

En la votación, el proyecto obtuvo cinco votos a favor y cuatro en contra, fracasando en el concepto de consulta a lo que la ministra Yasmín Esquivel declaró que lo retiraba y presentará un nuevo proyecto a fin de analizar los demás conceptos de invalidez. 

En la Suprema Corte se dio una fuerte discusión sobre que la ministra Esquivel presente un nuevo proyecto a lo que se opuso la ministra María Estela Ríos. 

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