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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá un recurso de revisión fiscal derivado de un crédito fiscal impuesto a una empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2010 al respecto de presuntos depósitos bancarios por 647 millones 576 mil 284.60 pesos.
El recurso de revisión fiscal 2/2026 que fue turnado a la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo establece que el contribuyente promovió un juicio contencioso administrativo, que fue atraído y resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el sentido de declarar la nulidad del crédito fiscal, únicamente por los más de 647 millones de pesos, para efecto de que la autoridad precisara a detalle los depósitos que no desvirtuaron la presunción de ingresos y se emitiera una resolución en un plazo de cuatro meses, a lo que la autoridad hacendaria interpuso una revisión fiscal atraída por el alto tribunal.

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Antecedentes del proyecto detallan que una persona promovió un amparo indirecto en contra del jefe del Catastro, el responsable de Verificación Física del Catastro y el tesorero del AyuntamientoEl antecedente del proyecto establece que el administrador desconcentrado de la Auditoría Fiscal de Sinaloa 1 del Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un oficio determinando un crédito fiscal para una empresa por concepto de varios impuestos.
La empresa promovió un recurso de revocación, que fue resuelto en agosto de 2017 por la Administración General Jurídica del SAT en el sentido de confirmar la validez del crédito fiscal, en octubre, el contribuyente promovió un juicio contencioso administrativo y fue hasta noviembre de 2024 cuando substanciado el juicio, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa emitió una sentencia definitiva declarando la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal.

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SCJN discute si una persona que recibió una transferencia bancaria puede ser llamada a juicioAl respeto, el SAT promovió una aclaración de sentencia resuelta por el Pleno Jurisdiccional en abril de 2025 en el sentido de declararla infundada tras lo que en junio, la autoridad fiscal interpuso una revisión fiscal, la cual admitió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y en abril del 2026 se ejerció la facultad de atracción.
El proyecto del ministro Irving Betanzo propone revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

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Autoridades judiciales y trabajadores del PJF acordaron eliminar sanciones y posibles despidos ligados a evaluaciones de desempeñoComo efectos establece que la Suprema Corte estima que los agravios primero y segundo son fundados, suficiente para revocar la sentencia materia del recurso y devolver loas autos al Tribunal Federal a fin de identificar los depósitos bancarios, analizar el concepto de impugnación octavo, pronunciarse sobre la relación a los argumentos de la autoridad y decidir sobre la legalidad o ilegalidad de la liquidación.