UIF congelará cuentas sin orden judicial previa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para bloquear, sin orden judicial previa, cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), siempre que haya indicios de "lavado" de dinero o financiamiento al terrorismo.
El proyecto de acción de Inconstitucionalidad 58/2022, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, declara constitucional el cambio legislativo del pasado 11 de marzo de 2022 al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
En sesión del pleno del Alto Tribunal de este lunes, el proyecto fue aprobado por mayoría; sólo los ministros Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra.
"Es correcto inmovilizar una cuenta cuando sucedan estas operaciones sospechosas que puedan suponer el origen de un ilícito, pero estos bloqueos no pueden ser indeterminados en cuanto a la conducta, tampoco en cuanto al tiempo en que se mantendrá bloqueada una cuenta antes de ser judicializada", expresó Mossa.
Sin embargo, de acuerdo con el análisis de la togada ponente, el congelamiento de cuentas es una medida cautelar, orientada exclusivamente a la protección del sistema financiero y no a la persecución penal.
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Según el proyecto, esta acción no implica determinación de responsabilidad ni sustituye las facultades del Ministerio Público, sino que opera en un 'plano preventivo'Según el proyecto, esta acción no implica determinación de responsabilidad ni sustituye las facultades del Ministerio Público, sino que opera en un "plano preventivo", bajo parámetros de seguridad financiera y en cumplimiento de estándares internacionales.
La ministra descartó que esta atribución de la UIF vulnere la presunción de inocencia, debido a que no se resuelve sobre la culpabilidad de una persona ni se le imponen penas, sino que se establece una inmovilización patrimonial temporal, revisable y sujeta a una garantía de audiencia administrativa.
Con este fallo del Alto Tribunal, la institución crediticia deberá notificar a la persona interesada las razones del congelamiento de las cuentas y de su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas.
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El caso tiene como figura central al empresario Ricardo Salinas Pliego, investigado tras la filtración de los Pandora PapersEl asunto se origina después de que 49 senadores de oposición impugnaron el decreto que modificaba la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2022, por considerar que vulnera los principios de presunción de inocencia, audiencia previa y debido proceso.
De acuerdo con los legisladores, la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda para congelar cuentas bancarias mediante la inclusión de personas en la denominada "Lista de Personas Bloqueadas" vulnera la seguridad jurídica.
La ponencia de la ministra Loretta Ortiz reconoció que los integrantes del Senado están legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.
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